Pobreza con Hambre y obesidad;
paradoja del desarrollo neoliberal

Abelardo Ávila Curiel Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

ILUSTRACIÓN: Luba Lukova

Al asumir la Presidencia de la República el uno de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto dio a conocer “13 decisiones para iniciar el camino hacia la verdadera transformación de México”. La cuarta decisión decía a la letra: “He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que ponga en marcha, en los próximos 60 días, la Cruzada Nacional Contra el Hambre”.

En un principio la “cuarta decisión” provocó tanto simpatías como suspicacias. Las primeras en razón del reconocimiento explícito del grave problema de pobreza extrema, hambre y desnutrición, consecuencia del fracaso de las políticas públicas basadas en transferencias condicionadas (Progresa 1997-2002 y Oportunidades 2002-2012). Estas políticas públicas prometieron romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de capacidades de los niños que vivían en situación de extrema pobreza y su acceso en igualdad de oportunidades a la generosa oferta laboral que el modelo económico liberal generaría mediante la privatización de las empresas públicas, la liberalización del mercado y el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ninguna de estas promesas se cumplió: el mediocre crecimiento económico, la nula creación de empleos y el desastre del sector rural imposibilitaron el abatimiento de la pobreza extrema. Mientras que el resto de las naciones latinoamericanas presentaban crecimiento económico y mejoras sustanciales en la disminución de la pobreza, sobre todo los países que se resistieron a la aplicación dogmática del Consenso de Washington, México, disciplinado seguidor a ultranza de los principios neoliberales, se hundía en el estancamiento económico, la crisis de inseguridad pública, la pérdida de la seguridad alimentaria y el incremento de la pobreza.

Reconocer la gravedad del problema y dar a su solución la mayor prioridad parecían la expresión de una decidida voluntad política para alcanzar el abatimiento de la pobreza extrema. Sin embargo, la forma en que 53 días después se hizo el anuncio de la Cruzada no dejó de levantar suspicacias. El mismo nombre de cruzada contra el hambre denotaba más un interés de generar impacto de imagen favorable para la nueva administración, que de formular un programa que efectivamente pudiera incidir en el abatimiento de la pobreza extrema. Ambos términos, cruzada y hambre son más metafóricos que descriptivos, ya no digamos objetivos. La invocación al muy cuestionable éxito humanitario por el imaginario católico respecto a la brutal carnicería que representaron las cruzadas medioevales, y al también cuestionable éxito rotundo del Programa Hambre Cero de Brasil, devela la preeminencia de lo mercadotécnico sobre la calidad técnica de la propuesta.

Lejos de partir de un análisis objetivo de las circunstancias que condujeron al fracaso del modelo de desarrollo y de la política social, la Cruzada simplemente asumió en una mala selección y traducción los objetivos de la iniciativa Hambre Cero dada a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro en junio de 2012.

Las acciones que definieron el arranque de la Cruzada fueron por demás erráticas: alineamiento de 70 programas ya existentes desarrollados por 11 secretarías de Estado; definición de la población objetivo como la intersección de la población con ingreso menor al costo de la canasta alimentaria y de la población con carencia alimentaria; selección con diversos criterios de 400 municipios como escenario de la primera fase de la Cruzada; firma de convenios con empresas fabricantes de comida chatarra, y conformación de un Consejo Nacional y un Comité de Expertos sin funciones claras.

La Cruzada antecedió al Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que a los programas Sectorial y Nacional de Desarrollo Social; es decir no se diseñó desde una lógica de planeación estratégica basada en bienestar y distribución más equitativa del ingreso como lo mandata el marco legal, sino que arrancó como un intento de alinear los programas que se habían generado desde la lógica de un modelo de desarrollo que concebía al libre mercado y a la erosión del papel rector del Estado como la base de la política pública. En los primeros meses de operación, la Cruzada naufragó en las indefiniciones, atrapada en la inercia de los programas existentes, el desgaste de las capacidades institucionales y una gran descoordinación intersecretarial y de niveles de gobierno para llevar realizar las acciones requeridas a fin de enfrentar eficientemente los determinantes de la persistencia y el incremento de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.

El modelo mexicano de desarrollo neoliberal generó graves distorsiones en la condición alimentaria de la población. Los esquemas asistencialista de combate a la pobreza han quedado ampliamente rebasados; ahora los pobres no sólo padecen hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria, también padecen obesidad y las graves enfermedades asociadas a ella. Las transferencias económicas y los privilegios fiscales de las grandes empresas embotelladoras de refrescos y fabricantes de alimentos chatarra ocasionaron una grave crisis de salud al financiar con decenas de miles de millones de pesos el acceso y el consumo abundante de estos productos por parte de las familias en situación de pobreza. La destrucción de la economía campesina imposibilitó también la disponibilidad de alimentos saludables de producción local.

Sin haberse logrado abatir la desnutrición en las primeras etapas de la vida, una grave epidemia de sobrepeso y obesidad se extendió, durante este mismo periodo de políticas neoliberales, entre las capas más pobres de la población. La gran masa de población obesa en condiciones de pobreza presenta un daño a la salud extraordinariamente mayor por diabetes, hipertensión, cardiopatías, daño renal, y ciertos tipos de cáncer debido a la programación metabólica que ocurre en el organismo cuando padeció desnutrición en las primeras etapas de la vida; a esto debe agregarse su falta de acceso a servicios de salud, diagnóstico oportuno y seguridad social. De forma inédita, en México la población vulnerada por la desnutrición infantil es al mismo tiempo la población con mayor vulnerabilidad por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con la obesidad.

La única manera de enfrentar la gravísima situación de mala nutrición de la población mexicana es mediante una política de Estado integral basada en derechos, que articule todos los determinantes requeridos para lograr el pleno bienestar de la población en materia de alimentación, salud, producción sustentable de alimentos saludables, empleo y distribución de ingreso.

Un análisis detallado de esta situación y de las alternativas viables de políticas públicas puede encontrase en los documentos del Foro Nacional para la Construcción de una Política Alimentaria y Nutricional en México. (http://fonan.nutricionenmexico.com/), realizado en junio de 2012. Ante las numerosas críticas formuladas a las insuficiencias técnicas de diseño, operación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol ha respondido que serán corregidas en el Programa Nacional México Sin Hambre; habrá que esperar hasta abril de 2014.

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