En Guerrero la muerte tiene permiso

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

ILUSTRACIÓN: Edgar Saner

Cuando la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), decidió detener los camiones de las empresas madereras, se topó con el poder caciquill de Rogaciano Alba y Bernardino Bautista, quienes tenían en el ejército y la policía ministerial a sus mejores aliados.

Fue en 1998. Por aquellos años el ejército se encargó de detener y torturar a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Más adelante, los caciques encarcelaron con falsedades al ecologista Felipe Arriaga. Y el 19 de mayo de 2005, Albertano Peñaloza Domínguez, miembro de la OCESP, fue víctima de un atentado en el que perdieron la vida dos de sus hijos. Esta acometida inició el éxodo de decenas de familias de la Sierra.

En los albores del nuevo milenio, la Costa Grande se convirtió en el campo de batalla entre los cárteles de la droga. Los viejos cacicazgos perdieron su hegemonía y los presidentes municipales en turno optaron por plegarse a los dictados de los nuevos jefes de las plazas. En el Guerrero de la alternancia todo cambió para mal: las autoridades sucumbieron ante la embestida delincuencial y dejaron inerme a la población. Con los años, ese modelo se extendió a toda la entidad y es el que priva hoy. En la simbiosis entre narcotraficantes, judiciales, policías, militares, funcionarios y alcaldes se incubó la calamitosa violencia que hoy azota al pueblo guerrerense.

Para las organizaciones sociales, el realineamiento de amplias franjas del aparato estatal de justicia y seguridad con los intereses del crimen organizado ha multiplicado los riesgos de la lucha. La mezcla de los intereses políticos con los delincuenciales gestó una alianza perversa para enfrentar a los movimientos sociales.

Desde 2009, cuando en Ayutla fueron desaparecidos y después ejecutados los líderes Na Savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la descomposición ha sido vertiginosa. Las desapariciones forzadas de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en diciembre de 2011 se dieron en este marco de impunidad. Esto lo acepta el Estado, pues ha responsabilizado de la autoría material de los hechos a un comandante de la corrupta Policía Ministerial estatal. Por esos días, hay que recordar, la misma Procuraduría a la que pertenece esa policía se vio exhibida en su intento de sembrar un arma a un joven para atribuirle la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuya muerte recordamos apenas esta semana.

Las ejecuciones han sido recurrentes. El 31 de mayo de 2012 Fabiola Osorio Bernaldez, defensora del medio ambiente de la organización Guerreros Verdes, fue asesinada en Acapulco. Había mantenido una lucha férrea contra las autoridades del estado, por oponerse a la construcción del muelle de Pie de la Cuesta, a la deforestación de los manglares y al ecocidio de la laguna de Coyuca de Benítez.

En la comunidad de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, donde la población ha sido víctima de múltiples asesinatos, Juventina Villa abanderó la lucha de las familias desplazadas. Con el apoyo de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, emplazó a las autoridades del estado para que asumieran su responsabilidad. Su clamor se hizo añicos: fue emboscada junto con su hijo adolescente Reynaldo Santana el 28 de noviembre de 2012 por más de 30 personas armadas, a pesar de que contaba con protección policiaca.

En Iguala, Arturo Hernández Cardona, líder de la organización campesina Unidad Popular (UP), había mantenido una relación ríspida con la nueva administración municipal en el 2012. La animadversión contra Cardona crecía en la medida que hacía visible las amenazas del edil. En este contexto, la UP organizó el 29 de mayo de este año una protesta. Después de concluir el evento, sus integrantes fueron interceptados por un grupo armado que bajó a Arturo y a siete compañeros del vehículo en el que viajaban y se los llevó con rumbo desconocido. El 30 de mayo de 2013 fueron encontrados sin vida los cuerpos de Arturo, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Unos meses después fue asesinada Rocío Mesino Mesino, fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) e incansable denunciante de la masacre de Aguas Blancas. A ella la asesinaron cuando buscaba víveres para llevarlos a las comunidades devastadas por las tormentas. Rocío apoyaba en la construcción de un puente provisional y gestionó la instalación de un comedor comunitario. Pero un pistolero puso fin a su labor: fue asesinada a quemarropa y a plena luz del día el 19 de octubre.

Más recientemente, el 10 de noviembre de 2013, fueron asesinados Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, y su compañera Ana Lilia Gatica, en la colonia Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, también a plena luz del día. Luis había denunciado un poco antes que había sido amenazado, pero no se adoptaron medidas para protegerlo.

Este somero recuento evidencia que en Guerrero la muerte tiene permiso para segar de un tajo las vidas de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y activistas. Y en una entidad que cerró el 2012 siendo el estado más violento del país, con municipios que se encuentran entre los más peligrosos de México -como Acapulco-, hoy le es fácil a los poderosos deshacerse de las voces incómodas y atribuir las ejecuciones al río revuelto de la crisis de seguridad.

Esta situación no cambiará mientras el estado procure impunidad. Al no esclarecerse las ejecuciones y al no sancionarse a los responsables, el mensaje es claro: la muerte de estudiantes, defensoras y activistas es aceptable. Cuando se analiza la acción de la justicia guerrerense, el contraste es brutal: mientras que ninguna persona se encuentra en prisión por los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, 13 activistas de la policía comunitaria se encuentran encarcelados enfrentando acusaciones por delitos tan graves como el terrorismo. Peor aún: tres de ellos -Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado- se encuentran encerrados en cárceles federales. Para los policías comunitarios, acusaciones desproporcionadas y prisiones de alta seguridad; para quienes matan activistas, total impunidad.

En el campo de la lucha social guerrerense, la pregunta que angustia hoy es: ¿quién sigue? Es posible que se emprendan acciones penales contra los opositores a La Parota para revivir ese proyecto depredador con el disfraz del Plan Nuevo Guerrero; que se encarcele a más policías comunitarios en penales federales, o incluso que se presenten atentados contra defensores de derechos humanos. No importa: en Guerrero, para las autoridades, la muerte tiene permiso.

La reacción de la sociedad es aún incierta. Como lo ha señalado con su característica precisión Adolfo Gilly: la “violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas”. Pero el pueblo guerrerense no se arredra: ahí está, por ejemplo, la valiente lucha que ha emprendido desde la Montaña la comunidad Me’phaa de San Miguel Del Progreso contra el embate de la minería trasnacional.

Lo cierto es que hoy Guerrero se debate entre la violencia cotidiana y las expresiones de lucha social que hacen frente a los poderes de siempre; ¿cuál será el resultado de esa pugna?, es una pregunta que, en estos días aciagos, nadie alcanza a responder.

Saldos de la guerra vs el narco; decenas
de miles en estadio de supervivencia

ILUSTRACIÓN: Yanina Herrera / Colectivo Aliados 2.0

Víctor Ronquillo

La estrategia ha sido la misma: desplegar la violencia, un malogrado intento de recuperar el control territorial de municipios sometidos por el crimen organizado imponiendo la ley de la violencia y la corrupción. El saldo dejado en el campo mexicano por la política de seguridad en este primer año del gobierno Enrique Peña Nieto es el de miles de muertes, el de vidas rotas sometidas a la esclavitud que imponen las trasnacionales del narcotráfico a sus jornaleros y sicarios. Policías corruptas, presidentes municipales al servicio de los grupos criminales que establecen el férreo control de plazas, rutas y de centros de almacenamiento. El negocio del narcomenudeo extendiéndose por pequeños poblados y aun por comunidades serranas. La extorsión obligando al abandono del escaso patrimonio, de la casa, de la tierra, del modo de vida. La guerra del narco ha sembrado el terror en el campo, exacerbado la violencia, generado distintas formas de corrupción, provocado la desolación, la muerte y el deterioro institucional.

1.- Los desplazados. Nadie sabe cuántas personas han huido ante la acechanza de la violencia. Centenares de miles de personas forman un ejército de desesperados que hacen la vida donde pueden. Muchos de ellos proceden de las zonas rurales de Chihuahua, Durango, Guerrero y Sinaloa. También de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

Severine Durán, investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social (CIESAS), a partir de establecer relaciones y cálculos entre las tasas de viviendas deshabitadas, la tasa de homicidios y el índice de víctimas posibles, estima que sólo en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas existen 330 mil desplazados.

En abril de 2012, Antonio Guerra, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), afirmó que en México la violencia de las drogas había ocasionado el desplazamiento forzado de 160 mil personas.

2.- El incremento del cultivo de amapola coloca a México como uno de los grandes productores de la planta en el mundo. Desde hace un par de años, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas pulsó el botón rojo de la alarma ante el extendido crecimiento de la producción de amapola en nuestro país. Se estima que existen alrededor de cinco mil hectáreas cultivadas de esta planta, de la que se derivan el opio y la heroína. Desde 2003, México es considerado el tercer productor más importante de amapola en el mundo.

Según cifras de la Secretaría de Defensa, el estado de Guerrero es el número uno en la producción nacional de amapola, participa con 60 por ciento del total.

3.- El negocio del cultivo de la amapola florece en el campo mexicano con toda impunidad. Hace algunas semanas la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público el informe Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2013. La información presentada en este informe procede de las tendencias del consumo, de la oferta y la demanda en el mercado más próspero de las drogas en el mundo, las calles de las ciudades de Estados Unidos.

“La disponibilidad de heroína continuó creciendo durante 2012 debido a los altos niveles de producción en México y a que los traficantes mexicanos se expandieron dentro de los mercados del este y del medio este de Estados Unidos”, dice el informe.

4.- En cuanto a la producción de marihuana ha ocurrido algo similar: “El surgimiento de operaciones de producción en áreas que antes eran incultivables, y un aumento considerable y a gran escala del cultivo de la marihuana por parte de los traficantes mexicanos hacen que esta droga tenga mayor disponibilidad en Estados Unidos”.

ILUSTRACIÓN: Alejandro Taboada / Colectivo Aliados 2.0

En la pirámide de la floreciente industria agrícola de la producción de heroína y marihuana, los jornaleros ocupan el último peldaño. Enfrentan todos los riesgos, son explotados, su salario apenas les da para sobrevivir. Las trasnacionales del narco, los violentos cárteles mexicanos que operan en las áreas rurales de nuestro país, han establecido una nueva versión de la esclavitud en el campo mexicano.

5.- La aparición de los grupos de autodefensa que se extienden por Michoacán responde a distintos factores: la ausencia de Estado de Derecho de que han sido víctimas productores agropecuarios de la más diversa índole; una nueva versión de la guerra por el control del territorio, por parte de los grupos criminales y sus aliados y protectores incrustados en el poder político; la estrategia del Estado para constituir una nueva forma de lucha para el control político del territorio perdido, mediante una supuesta alianza con la población que mira con simpatía la aparición de estos grupos, y la desesperación de quienes han sido recurrentes víctimas de extorsión y secuestro por parte de grupos criminales como La Familia y Los Caballeros Templarios.

No se trata de una casualidad que, según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Michoacán, los grupos de autodefensa operen en lo que se puede considerar importantes polos de desarrollo agrícola. En Aguililla y Buenavista, donde la producción de limón fue de las más altas en el país el año pasado, o en Tancitaro, donde se cosecharon 700 mil toneladas de aguacate en 2012. También los llamados grupos de autodefensa han aparecido en el municipio de Los Reyes, donde se cosecharon 212 mil toneladas de caña de azúcar ese mismo año.

6.- En cuanto a la Policía Comunitaria de Guerrero, convertida en los años recientes en un verdadero movimiento de amplia repercusión social, la estrategia fue cooptar, infiltrar, dispersar y corromper. De ser necesario, criminalizar. Hasta ahora han sido detenidos 13 de los líderes políticos de las ya distintas policías comunitarias, entre ellos vale mencionar a Nestora Salgado, de Olinalá, y Arturo Campos, de la policía comunitaria de Ayutla.

Para concluir, un par de datos: en los meses recientes, en Guerrero han sido asesinados 13 líderes de organizaciones sociales campesinas. Un nuevo grupo guerrillero irrumpió hace poco en la entidad, se trata de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo.

La violencia hace más cruel la pobreza… decenas de miles se encuentran en condiciones de supervivencia en el campo, víctimas de la violación del derecho fundamental a la vida, que el actual gobierno no ha podido garantizar.

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