La Cruzada nacional contra
el hambre, a un año

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Julieta Ponce

La Cruzada Nacional contra el Hambre se publicó vía un decreto presidencial en los primeros 60 días de este gobierno para garantizar el derecho a la alimentación; el costo de esta premura ha sido entorpecer el planteamiento y sólo se ha reportado hasta el momento un conjunto de acciones inespecíficas y desarticuladas.

La garantía del derecho a la alimentación implica un abordaje integral de la situación alimentaria y nutricional desde una visión sistémica donde la persona es el centro; en cambio, “combatir el hambre” es una visión parcial del problema como fruto de un árbol de otros problemas del mal comer con raíces en la pobreza y la desigualdad.

Conceptualmente, la Cruzada recibió críticas por la ausencia de definiciones, entre ellas “hambre” e “inseguridad alimentaria”. Así, atendiendo conceptos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), definió hambre como “la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”, es decir, la población sin posibilidades de adquirir ni la canasta alimentaria más dos carencias sociales y además con un nivel de inseguridad alimentaria grave o severa según la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reporta 69 por ciento de la población urbana con algún grado de inseguridad alimentaria y 80 por ciento en zonas rurales, y se estima que menos de la mitad de los hogares en inseguridad moderada o severa reciben programas sociales de ayuda alimentaria.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los alimentos se abarataron 14 por ciento a escala internacional durante el primer trimestre de 2013, en particular el maíz; sin embargo, en México los precios siguen aumentando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó una inflación promedio menor al dos por ciento en alimentos en los 34 países que la conforman, pero destacó a México como el tercer país con mayor inflación del grupo, 4.1 por ciento general y ocho por ciento alimentaria, sólo superado por Islandia y Turquía. La inflación afecta más a la leche y el huevo (12.6 por ciento), mientras el refresco se mantiene casi sin cambio (0.5 por ciento) en nuestro país. La disminución del poder adquisitivo es en realidad el factor de cambio dietético.

Casi la mitad de la población sufre pobreza. Con menor prevalencia se encuentra Nuevo León (23.2 por ciento) y el más pobre es Chiapas (74.7). Sin embargo, al sumar la pobreza con los 28 millones en carencia alimentaria, más carencias sociales y la población vulnerable por ingresos, se ve afectado 80.2 por ciento de la población nacional; la población objetivo de la Cruzada es atendida entonces sólo en 6.5 por ciento, equivalente a menos de dos millones de hogares.

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Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), desde 1994 la proporción del gasto en alimentos permanece estable en todos los quintiles. De ello se deriva que ante el alza de precios las familias ajustan al comprar lo más barato con buen aporte de calorías, aunque sacrifiquen calidad nutricional. Por lo tanto, cualquier nivel de pobreza afecta la alimentación, es decir, ocho de cada diez mexicanos podrán tener afectaciones en su alimentación, como riesgo de obesidad o de desnutrición.

Entre los objetivos de la Cruzada se plantea para la niñez “erradicar la desnutrición aguda”. Pero la desnutrición crónica, caracterizada por la estatura baja, es la deuda social más apremiante, porque México debió resolverla hace más de tres décadas. La baja estatura afecta todavía a 13.5 por ciento de los menores de cinco años, pero esta cifra se multiplica en zonas rurales, en el sur del país, y aumenta todavía más entre pueblos indígenas; además, las personas con menor estatura padecen más obesidad.

La obesidad está íntimamente ligada a la desnutrición y al daño metabólico. La carencia nutricional transita a la obesidad con mayor rapidez por el consumo de refresco, comida chatarra y alcohol. Aun sin sobrepeso, México se expone al daño metabólico por la concentración de azúcares, en particular el jarabe de maíz de alta fructosa, por la vía de 166 litros per cápita de consumo de refrescos y galletería industrial, y más en zonas rurales.

Datos oficiales demuestran que las familias rurales gastan cuatro mil pesos anuales en refresco, galletas, sopa de pasta, aceite y azúcar. Difícilmente se explica por qué la Cruzada formalizó convenios con Pepsico, cuando el consumo de sus productos es parte causal del mal comer entre los más pobres, y con Nestlé, la principal desalentadora industria de la lactancia materna.

El Primer Informe de Gobierno señaló como principal resultado de la Cruzada la afiliación de 288 mil familias y la entrega de 250 mil tarjetas para adquirir una lista de alimentos de venta en tiendas Diconsa. Cabe resaltar el esfuerzo de Diconsa, de clasificar 84 productos por su calidad nutricional, por medio de un semáforo en el anaquel, para orientar el consumo de básicos, aunque nunca debió ser distribuidor de chatarra y menos en poblaciones rurales.

Los huracanes recientes apresuraron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a improvisar comedores comunitarios, que bien podrían transformarse en un programa durante este gobierno. Pero de producción de alimentos, nada.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se hizo presente en la Cruzada sólo por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), y nada nuevo. Sigue reportando resultados de programas ya existentes con apoyos inerciales a la agricultura comercial, y eso es algo deliberado pues de forma pública los funcionarios de Sagarpa declaran: “México debe sembrar lo que se vende”.

Si la Cruzada enfoca todos sus esfuerzos a resolver el hambre, se esperarían medidas estructurales, ya sea para incrementar el poder adquisitivo, o para asegurar alimentos básicos a pesar de la inflación. En pocas palabras, a producir alimentos nutritivos para consumirlos en México y mejorar el estado nutricional por derecho. En términos de derecho, la seguridad alimentaria se logra cuando se garantiza el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad.

La pregunta es: ¿la Cruzada tiene la capacidad para incidir en el modelo económico? Tal vez no, sin embargo, la misión oficial de Sedesol es: “Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar”, según lo que establece en su portal web.

A un año del torpe camino de la Cruzada, faltaría a) un diagnóstico del derecho a la alimentación en México por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para re-definir los objetivos de la Cruzada y trasformar su enfoque, y b) elevación del nivel de planeación y ejecución, para transformar la estrategia en política pública con capacidad de crear un Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición, y activar como primer punto la producción de alimentos para desencadenar procesos virtuosos en toda la cadena del sistema vida.

Lo urgente es:

1.   Generar una estrategia especial para población en los primeros mil días; falta la intervención en el tiempo crítico en la vida de los niños y niñas.

2.   Definir los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Una lista de alimentos prioritarios o el diseño de una canasta con componente nutricional.

3.   Caracterizar el derecho a la alimentación en quienes pueden sembrar o pescar y autoconsumir o intercambiar sus alimentos.

4.   Definir indicadores claros para estimar la garantía del derecho a la alimentación: desnutrición crónica, ingreso, producción y distribución de alimentos nutritivos; creación de empleos, y recuperación de tierras para siembra.

5.   Diseñar un programa especial del derecho a la alimentación para pueblos originarios y con lengua indígena.

Cada día que pasa es valioso porque el hambre no espera. La obligación de garantizar el acceso a los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad es del Estado. La disyuntiva es: se eleva esta obligación al más alto nivel ejecutivo para enfrentar la situación de manera estructural y articulada, o a prepararse, lo peor del mal comer está por venir.

Éxito de la Cruzada se medirá con la Productividad Campesina: Omar Garfias

Omar Garfi as, secretario técnico de la CNCH FOTO: Lourdes E. Rudiño

Lourdes Rudiño

El hecho de que ningún gobierno antes haya puesto en la agenda pública los retos del hambre y de la alimentación es indicativo de que “se estaba postergando el tema del campo”, pues no había preocupación ni por los productores, ni por la cadena productiva, ni por la comercialización. Ahora la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) coloca como uno de sus cinco objetivos, y de manera destacada, la elevación de la productividad de los campesinos pobres, esto es busca “democratizar la productividad”, y el éxito de la Cruzada se observará o no en la medida que esa producción se incremente.

De acuerdo con Omar Garfias, secretario técnico de la CNCH, dos factores claves de esta estrategia –que implica 70 programas (serán 74 en 2014) de 11 secretarías de Estado- son que el hambre se reconoce como un problema nacional y la Cruzada viene a concretar el derecho a la alimentación en su nivel constitucional, y que hay un deliberado interés por impulsar la producción de campesinos pobres.

“Hay más de un millón de unidades de producción rural (UPR) que son de autoconsumo sin contacto con el mercado y otra cantidad similar de autoconsumo con cierto contacto con el mercado, y encontramos que los titulares de esas UPR eran solamente beneficiarios de Oportunidades y no de programas de incremento de la producción, de apoyo tecnológico o asesoría, ni siquiera de los programas de transferencias económicas cuyo requisito es sólo ser productor: el 49 por ciento de los beneficiarios de Oportunidades que tienen tierra no habían recibido el Procampo”, señaló el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Entonces, agregó, la Cruzada ha iniciado una reforma institucional que está enlazando a los beneficiarios de Oportunidades –el programa principal de ataque a la pobreza- con los esquemas de desarrollo productivo, y “esto no es cualquier cosa, es ofrecer a la población una alternativa para que genere sus ingresos y deje de estar en la pobreza”.

Esa reforma también ha generado tres programas nuevos en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) específicos para insertarse en la CNCH en 2014 –que además apoyarán a campesinos de zonas periurbanas, mismos que han sufrido el mayor abandono-, e implica la incorporación de diez mil extensionistas que contratará en 2014 la propia Sagarpa. “Recuperar la figura del extensionista rural, que acompaña y aconseja al campesino, es uno de los mecanismos que tendremos para alcanzar nuestras metas”.

Y tal reforma institucional determinó cambios en el programa de Opciones Productivas de la Sedesol, pues se operaba a partir de un esquema de demanda, esto es que las entidades del gobierno generaban convocatorias en internet y la población que quisiera acceder a los apoyos tenía que registrarse. “Hoy estamos haciendo un planteamiento de oferta, esto es que tenemos que ir a buscar a la población que vemos como objetivo y construir con ellos, pues esta población no entra al internet, no llena requisitos, no hace planes de negocios ni corridas financieras”. Los que realmente se venían beneficiando de los apoyos eran intermediarios, que además desviaban a otros fines los recursos.

“La reforma es que hoy acudiremos a la población que está en condiciones de pobreza, la buscaremos y trabajaremos con ella, y veremos quienes quieren desarrollar proyectos productivos, de mejora tecnológica y con eso se abrirá una ventanilla única a partir de planes municipales de generación de ingreso y de incremento de producción, donde se definan por municipio cuáles son las actividades y las líneas económicas que deben desarrollarse, y cuáles no deben desarrollarse, ya sea porque afecten al medio ambiente, o no haya condición de producción, o no haya condición de comercialización, y a partir de eso los promotores y los extensionistas, hagan el trabajo con la población y los lleven a una ventanilla única, donde la oferta institucional se acomode a lo que se está necesitando en el campo”.

De acuerdo con el entrevistado, el conjunto de estos cambios institucionales será benéfico, “pues hoy algunos beneficiarios de Oportunidades a quienes se les ha planteado el esquema dicen: ‘me vas a dar un recurso y luego, si empiezo a ganar más, me vas a sacar del programa; no estoy de acuerdo’. Entonces les decimos que vamos a darles un acompañamiento y sólo saldrán de programa cuando contundentemente salgan de la pobreza. Esto tendrá que ser en el largo plazo”. Y es que, comenta, “hemos visto que ocho de cada diez que dejan de recibir Oportunidades, salieron del programa en forma muy precariamente sustentable, ya sea porque de pronto alguien de la familia se había ido a Estados Unidos y regresó y sus ingresos volvieron a descender, o hizo una actividad económica y vino el huracán y la crisis y sus ingresos cayeron”.

La visión ahora es que “tendremos que hacer un seguimiento más formal que implique años, y decirle: ‘bueno, tendrás unos años de gracia para que puedas seguir en el programa a pesar de haber mejorado, y luego darte de baja’”.

El funcionario subrayó que el objetivo final de la CNCH es que el derecho a la alimentación sea un ejercicio real y sobre todo para las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, o sea debajo de lo que cuesta una canasta básica, mil 120 en zonas urbanas y 800 en zonas rurales y que además tienen otras carencias sociales (tres, de acuerdo con los criterios de selección de población objetivo de la Cruzada) que les impiden salir por su propio esfuerzo de la condición de hambre. “Esa es nuestra población potencial, objetivo”: suman siete millones de personas y están ubicadas en los todos los municipios del país. En la primera etapa, la Cruzada está atendiendo a tres millones 600 mil personas ubicadas en 405 municipios.

Señaló también que la CNCH integra esfuerzos de diversos sectores de la sociedad: por vía de convenios con universidades, la Sedesol ha logrado atraer a alumnos y exalumnos que actúan como promotores en el acompañamiento a población objetivo, para que juntos y, en la escala municipal, generen la demanda de los apoyos de la Cruzada; asimismo, ha firmado acuerdos con empresas, como el que en su momento fue muy criticado, con Quaker (filial de Pepsico) –el cual consiste en que la empresa desarrolle una galleta con sabor agradable para que funcione como suplemento nutricional para niños beneficiarios de la Cruzada.

FOTO: Rodrigo González

Omar Garfias señaló que hay otros convenios con empresas, como Bimbo y Devlin, aunque dijo desconocerlos con precisión –pues es un tema que no le toca- y consideró que si hay rechazo a estos acuerdos es por razones ideológicas (por animadversión a las trasnacionales), pero lo que está recibiendo la Cruzada de parte de las empresas es “a cambio de nada”. En el caso de Quaker afirmó que la empresa donará la fórmula de la galleta y en dado de que así se decida, el gobierno producirá la galleta para darla a los niños.

Dijo que la Cruzada es una propuesta que tiene que ir reconstruyendo la relación entre el gobierno, la sociedad y esta población y reconstruir a partir de que los beneficiarios tomen decisiones y hagan planes de desarrollo comunitario.

“Y lo importante de la Cruzada es que además es una estrategia integral, en que no sólo los estamos considerando como productores, sino como lo que son, personas que además no están pudiendo ejercer sus derechos. Entonces la Cruzada implica acciones en términos de salud, educación, seguridad social, trabajo, alimentación e ingreso. Es un esquema mucho muy amplio; nunca habíamos tenido una estrategia que hiciera coincidir a todas las dependencias en un mismo proceso en forma sostenida y evaluable”.

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