La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo por el cual invita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a suscribir con el Senado un convenio de colaboración con la finalidad de promover, capacitar y difundir las garantías fundamentales en los pueblos y comunidades indígenas.

Avalado por la mayoría de los diputados y senadores presentes en el Salón Verde del palacio legislativo de San Lázaro, el exhorto también considera necesarios que la CNDH invite a las organizaciones sociales de derechos humanos, organizaciones civiles indígenas y campesinas, a involucrarse en el citado convenio de colaboración.

El argumento que se presentó ante la Comisión Permanente redundó en que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes marcó un referente para atender la problemática indígena de una manera integral, y este ordenamiento lo firmó el Estado mexicano en 1990.

A partir de 2001, también con la reforma constitucional en materia indígena, quedaron plasmadas las garantías de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2 en sus apartados A y B, que establecen derechos para los pueblos y comunidades, así como obligaciones –especialmente en el apartado B– por parte de la Federación, los estados y los municipios, para hacerlos efectivos y reducir las desventajas estructurales económicas, sociales y políticas de los pueblos indígenas.

Según María Luisa Calderón (PAN) promotora del punto de acuerdo, entre los derechos reconocidos se encuentran decidir sus propias formas de convivencia de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, elegir de acuerdo con sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes pare el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.