Si con la reforma energética se cierran a los pueblos indígenas y campesinos los cauces legales para defender su tierra y sus recursos naturales, no les van a quedar más que el machete y las piedras, aseveró Juan Carlos Flores, del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT), organización que aglutina a los pueblos de dichos estados opositores a la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, y un gasoducto que cruza las tres entidades.

Informó que continúa la resistencia de indígenas y campesinos a la construcción de dicha obra, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desestimó los riesgos que advirtieron científicos, técnicos y los propios habitantes de la zona por la cercanía del volcán Popocatépetl, que está en actividad, lo que hace que se convierta en una bomba de tiempo.

Sin embargo, la CFE, con el apoyo de la fuerza pública enviada por el gobierno de Morelos lleva más de 80 por ciento de avance en la construcción de la termoeléctrica Centro I en Huexca, pero no ha iniciado la construcción del gasoducto debido a la resistencia de la gente. Incluso el responsable jurídico de la CFE, Demetrio Miguel Castillo Coronel, nos dijo que la empresa Abengoa demandó a la paraestatal por 26 millones de pesos por el retraso de la obra, afirmó.

Flores Solís advirtió que con el artículo 8º transitorio de la reforma energética “vemos que lo que pasa con el gasoducto y la termoeléctrica va a pasar en todo el país, al legalizar el despojo para beneficio de las trasnacionales y no dejar puertas abiertas dentro del supuesto estado de derecho –dijo– para que los campesinos y pueblos originarios se defiendan; equivale a una guerra de despojo, destrucción y exterminio que provocará derramamiento de sangre, pues incluso instancias internacionales han perdido fuerza ante la imposición del Estado mexicano. Con esta reforma y las de las leyes anexas han roto la línea delgada de justicia y legalidad que los gobiernos acostumbraban tener para contener el descontento social”.

De cualquier manera, incluso con las reformas, empresas y gobierno no la tienen fácil porque sus inversiones y megaproyectos energéticos se basan en créditos, corrupción y especulaciones y la resistencia de los pueblos les está costando millones de dólares que no tenían planeados, indicó.