Por sexto año consecutivo México ocupa el primer lugar en crímenes en contra de sacerdotes y religiosos en América Latina, establece un reporte de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial (CCM), el cual añade que el intento de extorsión en contra de religiosos creció este año en 39 por ciento con respecto a 2010, lo que sitúa al país como el más peligroso en Latinoamérica para ejercer el ministerio sacerdotal.

En cuanto a las amenazas de muerte contra religiosos, hubo un incremento de 119 por ciento con respecto a 2010, pues subió de 162 a 355 intimidaciones.

En el recuento realizado para el CCM por el periodista católico Gustavo Antonio Rangel, de la diócesis de Tehuacán, y por el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del CCM, se lamenta que poco se ha hecho por esclarecer los homicidios de presbíteros, religiosos y legos caídos en cumplimiento de su ministerio, y añade que aún estamos a tiempo de corregir, por ello urgen reformas para proteger a los religiosos de México, cualquiera que sea su denominación o credo.

El informe indica que en los 12 meses recientes han sido asesinados tres sacerdotes, y además dos presbíteros se encuentran en calidad de desaparecidos. En este mismo periodo, afortunadamente, tres sacerdotes de la arquidiócesis de Durango lograron ser rescatados y regresar a salvo a sus comunidades.

Destaca también que durante los pasados 23 años han sido perpetrados 36 asesinatos contra miembros de la Iglesia, de los cuales 34 son crímenes y dos son desapariciones.

Sotelo, integrante de la congregación Sociedad de San Pablo, señala en el recuento que mientras en 2010 se registraron mil 53 reportes de intento de extorsión contra agentes de pastoral, obispos y sacerdotes, este año hubo mil 465, en la modalidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos y avisos verbales.

Añade que la extorsión se ha vuelto una constante, en especial en contra de los directores de institutos religiosos, como el Seminario Conciliar de México y los del interior del país, como es el caso del de Morelia, Michoacán.

El informe advierte que la extorsión también alcanza a los responsables de las casas de migrantes en el sur y centro del país, principalmente en Tabasco, Tlaxcala y estado de México.

El diagnóstico revela que grupos del crimen organizado exigen a agentes de pastoral no sólo cuotas en dinero, sino también en especie, como automóviles, camionetas y propiedades, para resguardo de sus actividades ilícitas o para utilizarlas como casas de seguridad.

Refiere que ello sucede en comunidades como Apatzingán, Michoacán; Acapulco y la región de la Tierra Caliente, en Guerrero; Nuevo Laredo y San Fernando, Tamaulipas; Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Torreón y la comarca lagunera, en Coahuila, y algunas de Baja California y Durango.