Uno de los proyectos normativos más ambiciosos emprendidos de manera reciente en México por el Poder Legislativo, con el fin de desahogar juicios por medios electrónicos, se ha topado con la resistencia de abogados al uso de nuevas tecnologías.

De acuerdo con litigantes consultados, muchos aún desconfían de la Internet para llevar los casos o recibir notificaciones que impliquen términos para sus contestaciones, y por ello prefieren los expedientes en papel.

De esta forma, luego de siete meses de haber entrado en vigor la nueva Ley de Amparo, el sistema de firma electrónica ha sido utilizado para desahogar apenas 125 demandas de garantías de más de 5 mil que se han presentado en ese periodo ante el Poder Judicial Federal, de acuerdo con informes estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal que fueron consultados por La Jornada.

La Ley de Amparo, que entró en vigor el pasado 3 de mayo, establece en su artículo 26 fracción IV que las notificaciones relativas a juicios de garantías podrán realizarse por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica.

El especialista Joaquín Guillén Cervantes indicó que aún nos genera incertidumbre recibir notificaciones por vía electrónica, porque los abogados desconocemos si las cuestiones de la red de Internet están tuteladas por otra legislación ajena a la Ley de Amparo, y si, en todo caso, un error provocaría juicios paralelos.

Para instrumentar los nuevos esquemas reglamentarios de la Ley de Amparo vigente se requirieron más de tres años de preparativos y discusiones en mesas de análisis integradas por juristas.

Las facilidades del juicio por vía electrónica son obvias, sobre todo en el ahorro de tiempo, uno de los aspectos que más críticas despiertan en la materia del amparo, refirió el constitucionalista Jorge Espinoza, quien dijo que una de las principales reticencias de sus colegas a utilizar el nuevo sistema de notificaciones radica en el miedo y el desconocimiento de la tecnología.

Desahogar un juicio tradicional toma, en promedio, más de tres años, frente a los 70 días que se ocupan cuando se lleva uno por medios electrónicos.

El problema no es de la Ley de Amparo, sino del gremio de abogados, afirmó el penalista Juan Pablo Ortiz, quien con frecuencia litiga en la materia.

La razón de que no funcione ahora es sociológica. Es un gremio especialmente resistente al cambio, en el que prevalece la desconfianza de gente de mayor edad hacia las computadoras y el uso de Internet, indicó.

Entre los cambios que incluyó la nueva Ley de Amparo destaca la inclusión en la normativa del concepto de interés legítimo, lo que amplía las posibilidades para que las personas que se vean afectadas con un acto de autoridad se vean beneficiadas con el juicio de garantías, aunque no sean parte directa en un litigio.