a bandera porosa de la consulta popular sobre reforma energética en 2015 es fundamental para la supervivencia de los Chuchos como factor dominante del Partido de la Revolución Democrática y de éste como principal organización de la izquierda electoral.

A diferencia del PAN, que se quedó con triple ganancia propagandística de cara a las urnas (con las fronteras agradecidas porque el blanquiazul no aprobó la homologación del impuesto al valor agregado tan repudiada en esas latitudes, con las modificaciones político-electorales de condicionados pero efectistas avances, y con lo energético remodelado a gusto de la clientela más privatizadora), el sol azteca no cuenta con piezas valiosas para el siguiente trueque electoral, el de 2015.

Por el contrario, comparte el descrédito priísta en las fronteras y no podrá compensarlo a plenitud mediante la distribución de recursos a través de planes de desarrollo social (pues el PRI acabará usando para su particular interés electoral esos pertrechos provenientes de la miscelánea fiscal), ceñirá su área real de influencia al Distrito Federal (con más disponibilidad de fondos y una reforma política prometida para febrero próximo, pero con la desventaja de que en la capital del país el PRD clásico tiene su mayor fortaleza pero también su mayor reto, con Morena que tiene una gran aceptación gracias a la popularidad de AMLO) y, si se confirman las insistentes interpretaciones que aseguran que la consulta popular fue intencionalmente diseñada para blindarla contra modificaciones en materia energética, se quedará sin la mínima zanahoria necesaria para transitar el difícil tramo que desembocará en los comicios intermedios de 2015.

La famosa consulta popular ha dejado entrever desde el principio su condición de entretenimiento coyuntural para aparentar que más delante, en un ejercicio democrático a realizar en un país cada día más antidemocrático, más controlado, más entregado a poderes incluso extranjeros, se podría cambiar a base de votos el gran negocio petrolero cuya inamovilidad será defendida con todo lo que sea necesario por los vigorosos y arrolladores intereses coaligados para su disfrute.

Tan peregrina suposición fue ardorosamente abrazada por Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, el PRD a través de su grupo hegemónico, Nueva Izquierda y, como última medida, por Andrés Manuel López Obrador, quien pretendía que la consulta se realizara antes de la votación en cámaras o, si esto no fuera posible, al largo plazo aprobado por los otros dirigentes. Con esa promesa consultora se pretendió justificar el conjunto de omisiones, silencios y fintas que esa izquierda cometió a la hora de la lucha verdadera contra la privatización de la riqueza energética.

La coartada a futuro ha sido puesta en entredicho cuando aún están humeantes los cañones políticos que a marchas forzadas han hecho a congresos estatales aprobar entre ignominia la mencionada reforma superlativa. Desde los sepulcros históricos de su paso por la presidencia del Instituto del Fraude Electoral en 2006, Luis Carlos Ugalde reapareció para promover un análisis jurídico que confirma la inviabilidad de la pretensión perredista de la consulta sobre el tema energético.

El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, puntualizó que tales consultas no pueden realizarse en temas de ingresos fiscales y que Pemex está en ese apartado. Jesús Ortega y Jesús Zambrano han defendido la pertinencia de esa bandera porosa pero, a menos que saquen un conejo argumental incontrovertible desde el fondo de la chistera de las negociaciones, todo indica que deberán navegar rumbo a las urnas intermedias con una nave sin mayores insignias.

En otro terreno, la inconformidad y las protestas continúan a pesar de que el Gobierno del Distrito Federal ha pretendido montar un descuadrado escaparate de acciones en busca de legitimar la reciente alza a las tarifas del Metro. A falta de mejores recursos, la administración de Miguel Ángel Mancera ha puesto a un subdirector de ese servicio de transporte colectivo a argüir razones patrióticas para salvarlo de previsibles privatizaciones cuando la plaza sea entregada a políticos sin compromiso de izquierda y a un secretario de gobierno a anunciar mesas de trabajo con inconformes desconocidos y sin representatividad, para demostrar que se dialoga y se llega a acuerdos.

La alacena política de la autoridad capitalina se ve tan desprovista que los argumentos patrióticos y los diálogos sin legitimidad podrían correr la misma suerte desfondada de las encuestas a partir de las cuales Mancera instaló nuevos cobros y desató una crisis prolongada cuyos motivos no son solamente los del Metro, sino también el rechazo tajante a la reforma energética y a los trazos de privatización de la protesta pública que han hecho en conjunto Mancera y Peña Nieto.

Por lo pronto, este jueves y viernes habrá activismo en diversas estaciones, con la consigna del #MetroPopular que invita a usuarios a pasar sin pago por los torniquetes.

El mismo viernes se realizará una marcha que teóricamente irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino (a sabiendas de que el GDF ha declarado inaccesible la Plaza de la Constitución para protestas populares, con más razón ahora que hay ahí gélidos entretenimientos de temporada). En ella participarán actores, artistas, académicos, periodistas y ciudadanos en general, a partir de una convocatoria impulsada especialmente por el productor Epigmenio Ibarra.

El sábado habrá otra marcha, con participantes en movilizaciones anteriores y con similar trayectoria. En esta movilización la textura será de mayor cohesión ideológica y aparte de las consignas tradicionales (Metro, reforma energética, criminalización) se agregará la muy específica demanda de libertad a los presos políticos. En ambos casos la partida será a las 16 horas.

Y, mientras Mancera saca brillo y sostiene lo mejor de su administración, la política de ayuda a segmentos populares, que camina más allá de vaivenes en las cúpulas, ayer con la entrega de las tarjetas denominadas Capital Social, ¡hasta mañana!

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