Sochi, Rusia, 17 de diciembre.

Activistas y periodistas de Sochi que llevan años denunciando el lado oscuro de los Juegos Olímpicos de Invierno en los que tanto ha invertido Vladimir Putin –unos 51 mil millones de dólares– están pagando caro su arrojo.

En los últimos meses han sido detenidos, juzgados e incluso se les ha prohibido ir a la playa. A escasos dos meses de la justa, las autoridades están apretando las tuercas a estos hombres y mujeres que se niegan a suspender sus denuncias de lo que presentan como la destrucción del medio ambiente y de un estilo de vida.

Human Rights Watch dijo que consideraba a las autoridades locales responsables de esta campaña de hostigamiento.