La reforma energética –que con gran celeridad se vota en los congresos de los estados– provocará un gran hoyo fiscal que traerá serias consecuencias, ya que al compartir la renta petrolera con trasnacionales, los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario pasarían de 68 por ciento actual a 55 por ciento, en el mejor de los casos, y hasta 27 por ciento en el peor de los escenarios, según el tipo de contrato de que se trate, advirtió el senador del PT, Manuel Bartlett.

Explicó que en el caso de los contratos de utilidad compartida, Pemex dejaría de entregar a Hacienda 227 mil millones de pesos al año, pero en las otras modalidades, entre ellas la de producción compartida, hasta 725 mil millones de pesos, lo que va a derivar en recortes del gasto social, es decir, educación, salud y combate a la pobreza.

La situación será aún más dramática, en el caso de las concesiones, previstas en esa reforma, y el gobierno acudirá a elevar los impuestos a las mayorías y a endeudarse, señaló.

Expuso que todas las reservas que presentó y sus argumentos sobre el riesgo de ese nuevo marco constitucional, que permite que las petroleras extranjeras a las que el presidente Lázaro Cárdenas echó del país en 1938, regresen a saquear el patrimonio, fueron desechadas. Entre otras, la observación de que esa reforma energética no incluía un estudio de impacto presupuestal, pese a la repercusión que tendrá en las finanzas públicas.

Indicó que de acuerdo con un estudio elaborado a partir de datos oficiales, contenidos en la Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos, que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que está detenida en la Cámara de Diputados, se puede estimar el hoyo fiscal que se generará cuando entren las trasnacionales a explotar el petróleo y el gas y hagan a un lado a Pemex.

Con el actual régimen fiscal, donde Pemex aporta 40 por ciento del presupuesto nacional, la Tesorería de la Federación recaudaría un billón 207 mil millones de pesos, pero al compartir la renta petrolera con consorcios extranjeros, ese porcentaje va a disminuir.

El escenario de menor impacto, el más conservador, en el caso de que todos los contratos fueran de utilidad compartida, habría una disminución de 227 mil millones de pesos, casi el monto de dos veces lo dedicado a la Cruzada Nacional contra el Hambre y tres veces el presupuesto de Oportunidades.

Ese es el escenario que menos desean las trasnacionales petroleras, a las que, según la experiencia internacional, les interesan más los contratos de producción compartida, donde el pago es con petróleo y pueden inscribir en sus recursos contables las reservas de crudo del país.

El hoyo fiscal es mayor, calculado en 725 mil millones de pesos al año, en el caso de esos contratos de producción compartida. Esos recursos equivalen a 16 programas del sistema de pensiones de adultos mayores, insistió Bartlett. Resaltó que la pérdida de la renta petrolera será mayor si se otorgan concesiones, incluidas también en la reforma bajo la figura de licencias, ya que les permite apropiarse de toda la cadena de producción y comercialización del hidrocarburo.

Para conseguir esos más de 700 mil millones de pesos al año, el gobierno de Peña Nieto va a acudir a mayores impuestos y a un endeudamiento crecientes.

Negociación con mineras

En entrevista por separado, el senador del PRD, Alejandro Encinas, resaltó que los cambios que de último momento –en una evidente maniobra sucia– introdujeron los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras, el pasado día 10, cuando comenzó a discutirse el dictamen en el pleno senatorial, permitieron ir a fondo y fueron negociados directamente con los grupos de interés.

Recordó que la discusión del dictamen en comisiones se suspendió después de la medianoche, y en la madrugada del día 10 el presidente de la Comisión de Energía recibió a los representantes de empresas mineras, en su mayoría extranjeras que operan en el país, con las que se pactó modificar el artículo octavo transitorio, que les impedía explotar yacimientos de petróleo y gas que estuvieran dentro de la zona que tienen concesionada.

Ese nuevo dictamen, que negociaron David Penchyna y los presidentes de las otras comisiones dictaminadoras, el priísta Enrique Burgos y el panista Raúl Gracia, lo llamaron adéndum, fue una maniobra sucia, ya que además de la doble concesión para las empresas mineras modificaron el artículo cuarto transitorio, para dejar abierta la posibilidad de todo tipo de contratos, entre ellos la concesión, ya no sólo mediante la modalidad de licencia.