arcelona-México (Iztapalapa), diciembre 2013.

En estos primeros años del siglo XXI la mayoría de las grandes capitales latinoamericanas están gobernadas por partidos o coaliciones progresistas o de izquierda, con un importante apoyo popular. Son ciudades de alta visibilidad, con medios para aplicar políticas transformadoras en un sentido democrático y de justicia social. Nos referimos a la ciudad de México, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile (?), Montevideo, Sao Paulo, Caracas (?). Destaca la ausencia de Buenos Aires, que tuvo gobiernos teóricamente progresistas en los años 90 y principios de 2000 y hoy gobierna una derecha neoliberal que sustituye la justicia por la demagogia. Una (mala) experiencia a tener en cuenta.

Un gobierno progresista si pretende consolidar unas políticas reformadoras necesita durar por lo menos dos o tres mandatos. Para hacer progresar la cultura política democrática nos parece muy conveniente hacer un seguimiento analítico de estas experiencias, como han iniciado su andadura, los primeros resultados de sus políticas y sus actuales desafíos. No pretendemos ahora hacer este análisis y menos de todas las ciudades citadas, ni mis conocimientos son suficientes ni cabría en un artículo periodístico. Por lo menos requeriría una serie. Sólo pretendemos proponer unos criterios de lo que puede ser una política ciudadana de izquierdas o progresista y comentar modestamente el caso de la ciudad de México y más específicamente el de Iztapalapa. ¿Cómo evaluar una política de izquierdas? Proponemos tres criterios y cada uno de ellos se sitúa a una escala diferente.

En primer lugar las políticas sociales, que lógicamente supone priorizar a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables y los territorios más deficitarios respecto de infrastructuras, vivienda y servicios públicos y colectivos. Son políticas que exigen inmediatez en el tiempo y proximidad en el territorio. Es el ámbito que compete principalmente a las delegaciones, tanto para actuar sobre la base de sus competencias o de sus capacidades como para reclamar aquello que puede competer al gobierno de la ciudad o de la nación. En el caso de Iztapalapa resulta impresionante la multiplicidad de programas, proyectos y actuaciones en marcha que se han promovido en menos de un año y con recursos limitados. Destacan los programas de educación, cultura y ocio destinados a la infancia y juventud, a la asistencia sanitaria, a la igualdad de género, a la cultura, a la gente mayor, a la recuperación de espacios públicos, al apoyo a las micro y pequeñas empresas, a la seguridad ciudadana, al control de la difusión de la droga, a la disposición de agua potable para extenderla a toda la población, a obras de drenaje y otros servicios básicos, a la protección civil, etcétera. Estas políticas serán más efectivas en la medida que se tenga en cuenta las reivindicaciones y las propuestas de los colectivos ciudadanos, en especial los críticos. Se trata de unas políticas de urgencia para responder a necesidades mínimas para ser reconocido como ciudadano, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a disminuir la pobreza, pero que tienen una incidencia escasa en reducir la desigualdad social.

En segundo lugar las políticas urbanizadoras y de intervención sobre la ciudad existente. Nos referimos a hacer ciudad donde hay sólo mala urbanización o de tejido degradado; de promoción de viviendas para los sectores de bajos ingresos; de mejorar las centralidades existentes y desarrollar otras nuevas; de renovar y extender todas las infraestructuras y servicios urbanos para que sirvan a toda la población; la generalización de espacios públicos de calidad en todo el territorio urbanizado (la ciudad es ante todo espacio público); regular la construcción de viviendas de forma tal que se produzca en todas las zonas una cierta mixtura social; garantizar el acceso a la movilidad a toda la población mediante un sistema de transporte colectivo accesible física y económicamente a toda; atraer actividades económicas que generen un cierto equilibrio entre residencia, servicios y empleo; crear una imagen de ciudad que genere autoestima de la ciudadanía. Se trata de políticas a medio plazo y que no pueden depender exclusivamente de una delegación, por fuerte que sea. Se requiere la concertación con el gobierno de la Ciudad y con el de la nación. En Iztapalapa se apuntan algunos proyectos e ideas interesantes, como una obra iniciada de mejora radical del centro histórico (plaza principal) y otras iniciadas o en estudio de una nueva centralidad y de mejora del entorno urbano (Cabeza de Juárez, Chimalhuacán, San Miguel). Pero es sólo un principio solamente y no permite aún sacar conclusiones.

En tercer lugar hay que elaborar una cultura política urbana alternativa que haga posible evitar los efectos perversos de las buenas prácticas cuando la mejora urbana acaba expulsando a una población popular por sectores sociales de mayores ingresos, que impida que el espacio público y el suelo en general se mercantilice y que se dote de los medios que haga del urbanismo y de las políticas públicas un instrumento de transformación social. Lo cual supone poner en cuestión el principio de la propiedad tal como ahora está regulada, como es el caso del suelo. Reorientar el crédito mediante la publificacion del crédito a la vivienda y la regulación del sistema bancario. Promover una legislación urbanística que impida la diseminación urbanizadora y ordene el territorio como sistema de ciudades compactas. En resumen dotar a los gobiernos del territorio, en todos sus niveles, de los medios jurídicos, fiscales y financieros de hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Obviamente promover y llevar a la práctica legal esta renovada cultura política no es responsabilidad de una delegación, corresponde en mucho mayor grado al gobierno de la ciudad y al de la nación. Pero Iztapalapa no es una delegación cualquiera, es la más poblada, la más popular y la más movilizada. En la medida que se produzca una articulación entre las organizaciones sociales más combativas, los sectores intelectuales y profesionales más avanzados y los responsables políticos de la delegación pueden ejercer una presión política que las instituciones de rango no podrán dejar de tener en cuenta.

*Director del Programa de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta (virtual) de Catalunya y presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales).