yer, mientras que miles de manifestantes colmaban las calles de Madrid para protestar en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ley mordaza–, en una movilización que concluyó con acciones represivas por parte de la policía en la capital española, en la ciudad de México se efectuaba una movilización en contra de la reforma energética y el incremento en la tarifa del Metro capitalino, que derivó en escenarios como los que se han vuelto cada vez más recurrentes en ese tipo de manifestaciones: detenciones arbitrarias, encapsulamiento de grupos de inconformes por parte de uniformados y la presencia de presuntos infiltrados entre los contingentes de personas.

Más allá del hecho anecdótico de la coincidencia en la fecha, los episodios descritos dan cuenta de que en ambos países crece el descontento social hacia grupos gobernantes que no han querido modificar la orientación neoliberal de sus políticas, las cuales han arrasado entornos sociales en los respectivos territorios desde tiempo atrás y que ahora hacen estragos en naciones periféricas y dependientes, como España.

La misma cerrazón gubernamental que prevalece en España, por el rechazo popular a las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno de Mariano Rajoy, ha podido verse en México con la premura de los congresos estatales y del federal por aprobar, de espaldas a la sociedad, una reforma constitucional que traslada los recursos energéticos de la nación a manos de particulares. Es claro, por lo demás, que tanto en México como en España persiste la tentación de imponer tales medidas mediante excesos represivos, como los que se expresaron ayer en las calles de Madrid y en esta capital, y con medidas de criminalización de la protesta social: debe recordarse que la aprobación de la ley mordaza en España coincide también con el aval, por parte de la Cámara de Diputados de nuestro país, a una Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal que resulta doblemente improcedente, porque constituye una invasión de atribuciones que corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y porque busca suprimir la conflictividad social en vez de atender sus causas profundas.

A la luz de los elementos mencionados, las situaciones de España y México constituyen, en el momento actual, dos expresiones de la persistencia y el avance de un modelo económico y social depredador, impuesto con el apoyo de autoridades que no gobiernan para sus ciudadanos, y de un creciente descrédito y un déficit de representatividad y legitimidad de las respectivas institucionalidades políticas. Un denominador común adicional en ambos países es el hecho de que ese deterioro ha sido infligido por los propios grupos oligárquicos que ocupan y controlan esas instituciones.