Madrid, 14 de diciembre.

En una expresión de frontal rechazo al proyecto de ley de seguridad ciudadana, miles de personas se manifestaron hoy frente al Parlamento español para denunciar el endurecimiento de las sanciones por protestas políticas en una norma que ya se conoce aquí como ley mordaza o ley anti-15M, en alusión al intento de frenar movimientos ciudadanos como el de los indignados de la Puerta del Sol de Madrid, nacido el 15 de mayo de 2011.

Durante la concentración, los opositores compararon al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con el ex dictador Francisco Franco (1939-1975) por impulsar una norma que restringe los principios democráticos que imperan en el resto de Europa.

Las consignas más repetidas fueron: La voz del pueblo no es ilegal y Lo llaman democracia y no lo es. Los opositores criticaron los métodos represivos del gobierno de Rajoy, inéditos desde el restablecimiento de la monarquía parlamentaria en España en 1977, la llamada restauración democrática.

El proyecto legislativo fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 10 de diciembre pasado y está pendiente de revisión en el Senado. El gobierno presentó hace ocho meses el primer borrador, despertando la indignación entre movimientos sociales y la alerta de algunos organismos oficiales europeos.

La iniciativa aspira a convertir en sanciones civiles –castigos que conllevarán una multa y no tendrán necesariamente la intervención de algún juez– las convocatorias a manifestaciones frente a instituciones del Estado, por conducto de las redes sociales, algo que se hizo común en años recientes, en medio de la crisis económica que tiene a más de 20 por ciento de los españoles sin empleo.

Esa acción podría acarrear una multa de hasta 30 mil euros, al igual que la denuncia pública o escrache de algún político o las acciones para evitar un desahucio, como viene siendo habitual desde que estalló la crisis, que ha dejado a más de medio millón de familias sin hogar.

La iniciativa legal también intenta impedir protestas como las de los activistas de Greenpeace, al prever multas de hasta 30 mil euros a los que se cuelguen o desplieguen pancartas en edificios públicos.

También se aplicarán sanciones a quienes graben y difundan videos o material gráfico en el que se vea a agentes de policía ejerciendo sus labores. Este apartado intenta impedir la denuncia de excesos policiales, muchas veces difundidas por opositores en las redes sociales.