l 3 de diciembre de 2013, apenas días antes de que arrancara el conflicto por el petróleo (que ahora va a los estados), los gobernadores de las entidades federativas se comprometieron con Peña Nieto a convertirse en especie de estrictos prefectos de la llamada reforma educativa y llevar el control de asistencia de los servidores públicos del sistema educativo nacional y, en su caso, aplicar los descuentos correspondientes (Convenio, Boletín B-2281, estado de Morelos). Un acto seguramente montado para mitigar la preocupación empresarial por una reforma entrampada.

Además de vigilar y castigar, los gobernadores deberán también “aplicar… la autonomía de gestión de las escuelas” y “observar las disposiciones de la SEP… en materia del servicio profesional docente”. Convertidos así en meros subordinados, aplicadores de la reforma, los gobernadores se verán obligados a asumir como propio un conflicto derivado de una reforma que no se concibió y aprobó en sus entidades, y que ni siquiera se les consultó. Uno de los más importantes conflictos nacionales, exacerbado por ya casi un año de indiferencia, falsas promesas y represión gubernamental, llega ahora a los estados y amenaza con oleadas de protestas cuando se comience a descargar en los padres de familia los costos de la autonomía de gestión y arranquen las evaluaciones y remociones de maestros. Sin haber cumplido con su obligación de escuchar y buscar los acuerdos que aseguren la tranquilidad del país, el gobierno federal ahora opta por simplemente pasarle el conflicto a los estados. Y así, lo que era una confrontación nacional en torno a la educación, con epicentro en el Distrito Federal, se convertirá en un conflicto nacional que junto con el rechazo a la reforma petrolera, en la capital del país y en cada estado podrá asumir dinámicas de profunda confrontación.

Sin embargo, la gran falla de la estrategia federal consiste en olvidar que los estados no son meros entes subordinados al Ejecutivo federal y que tienen espacios de soberanía para lograr que el conflicto no sea inevitable. Como dice la Constitución, son estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior (40) y la educación les concierne pues la Constitución también establece que corresponde a la “Federación, estados… imparti[r] educación…” (3º), y por eso, en la Ley General de Educación (LGE) se habla de concurrencia entre los estados y la Federación en distintos aspectos de la educación, no de subordinación (14), y se habla incluso de atribuciones exclusivas para las autoridades locales. De hecho, ni siquiera la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) habla de que las entidades federativas se sujetarán a la ley (como dice de los municipios) sino dice que el marco normativo estatal se ajustará (1º) a ella y, además, dice que los gobiernos deberán armonizar su legislación y demás disposiciones... con base en esta ley (transitorio 3). Excelente selección de palabras, pues armonizar abre un horizonte de flexibilidad, muy lejos del planteamiento de seguir dócilmente los deseos del centro.

El espacio político que tienen los estados, sin embargo, no se desprende de algunas palabras, sino que reside fundamentalmente en los derechos de sus habitantes, humanos y constitucionales. Ciertamente, no es un acuerdo entre el rey y las aristocracias de las provincias de un reino poblado por súbditos sin derechos. En lo educativo, como en el petróleo, están involucrados profundos derechos humanos y ciudadanos. Los de cualquiera a ser escuchado y a que sus demandas sean tomadas en cuenta por la autoridad; a ser representado por los legisladores; el derecho a manifestarse y protestar; el derecho a un trato igualitario y equitativo; el derecho a participar en el ejercicio de la libertad y la soberanía estatales. Todos estos deben ser la referencia central a la hora de legislar y tomar decisiones de gobierno respecto de la educación, pero los fundamentales son tres grupos de derechos. Primero, los que obligan a que la educación responda a los contextos locales, demográficos, sociales, económicos (artículo 8, INEE) y que se respete el carácter e instituciones diversas propias de una nación pluricultural (artículo 2º constitucional). Segundo, los derechos de los trabajadores de la educación que, por ejemplo, reconoce la propia seudo reforma el marco general de una educación de calidad debe establecerse con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación (4, XVII, LSPD). Tercero, los derechos de los niños y jóvenes a “la educación… de calidad” (artículo 6), cuya amplia definición plantea el tercero constitucional (fracción II).

Aterrizar en cada entidad una decisión del ámbito federal requiere ir más allá de vigilar y castigar a maestros o imponer la reforma petrolera. Implica obligatoriamente un diálogo previo, detenido y respetuoso con los pueblos originarios, los maestros, los estudiantes (y padres de familia y comunidades), a fin de hacer las adecuaciones y armonizaciones necesarias en educación. En el marco de flexibilidad, libertad y soberanía que les mandata la buena política, la Constitución y las mismas leyes, las autoridades y los legisladores locales no tienen excusa para no abrir espacios de sólidos acuerdos para mejorar la educación y distender el clima político en cada entidad.

* UAM-X