A excepción de PAN y PT, los grupos parlamentarios y sus partidos entregaron a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), unas 80 observaciones y propuestas que fueron remitidas a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad para que las responda en un plazo de 24 horas.

Esto, como parte de los trabajos para dictaminar las iniciativas de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y al Código Fiscal.

El PAN decidió no entregar sus observaciones tras haberse levantado de la mesa de negociación del presupuesto el pasado jueves, al acusar a los legisladores del PRD de amenazas e insultos, luego de que éstos denunciaron ese mismo día como falsa y mentirosa la campaña del blanquiazul sobre un incremento generalizado del impuesto predial el próximo año.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Laura Ballesteros, dijo que la interlocución para el análisis del presupuesto se establecería con el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, y no reconocerían ningún acuerdo que tomaran los partidos en comisiones unidas, por lo que no entregaron ayer sus observaciones.

Por la noche, mediante un comunicado, el PAN anunció que regresará a la mesa de negociación, una vez que obtuvo garantías del presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la fracción perredista, Manuel Granados Covarrubias, de civilidad y tolerancia en la mesa de negociación del presupuesto.

En tanto, derivado de reuniones anteriores con el secretario de Finanzas, Édgar Abraham Amador Zamora, entre los primeros acuerdos que se han tomado, y que fueron aceptados por el funcionario capitalino, está sacar de la iniciativa de reforma al Código Fiscal la modificación al artículo 87, relacionada con las medidas de apremio contra contribuyentes al oponerse a acciones de las autoridades fiscales en visitas domiciliarias.

La propuesta consistía en precisar las condiciones en que la autoridad fiscal podría requerir el auxilio de la fuerza pública para ingresar al inmueble, especificando las actuaciones de la autoridad fiscal en casos de derechos de suministro de agua, impuesto predial o de adquisición de inmuebles, y adicionaba la inmovilización de depósitos bancarios en los aseguramientos precautorios de los bienes del contribuyente o responsable solidario.

En las observaciones hay algunas coincidencias, como la que presentó Nueva Alianza, en la que se cuestiona la pretensión de subir el impuesto predial a todos los inmuebles que sean afectos de traslado de dominio (compraventa) estimado en unas 50 mil operaciones anuales.