Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados pusieron en marcha la aplanadora y aprobaron, sin debate, el dictamen sobre la ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal, en una reunión en la que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal apresuraron el trámite parlamentario para desahogar la iniciativa del panista Jorge Sotomayor Chávez, a quien los perredistas señalan como integrante de El Yunque y del Opus Dei.

Sin embargo, la mesa directiva de la cámara aclaró que el dictamen será incluido al final de la lista de asuntos pendientes, por lo que difícilmente se aprobará en el periodo de sesiones y se trasladará al que empieza en febrero.

La mañana de ayer, Laura Barrera Fortoul –secretaria de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado de México– y Miriam Cárdenas Cantú –del equipo del primer círculo del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira–, presidentas de las comisiones, no permitieron el uso del micrófono a los legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC).

Esto provocó que los perredistas Karen Quiroga, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria hablaran a gritos para exigir que se revisara el dictamen y las reservas que presentaron.

Los resultados

Con 30 votos a favor de PRI, PAN y PVEM, 11 en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como dos abstenciones del nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Montelongo (participa en las dos comisiones), se avaló una ley que busca limitar el horario de las manifestaciones de 11 a 18 horas, únicamente en vías secundarias, y se prohíbe que las marchas sean para exigir al gobierno de la ciudad o al federal modificar una decisión.

La ley, que servirá a Sotomayor para promocionar su candidatura a la delegación Benito Juárez, define que quienes deseen realizar movilizaciones en la ciudad deberán solicitar permiso dos días antes al Gobierno del Distrito Federal y nombrar un representante.

El dictamen define que la autoridad capitalina podrá negar la autorización con el argumento de la contaminación, e incluso disolver, con respeto a los derechos humanos, cualquier manifestación no autorizada, aunque no hace referencia a la Ley del uso de la fuerza pública que está vigente en la ciudad de México.