Durante más de nueve horas, senadores de PRD y PT denunciaron que el proyecto de dictamen de la reforma energética posibilita el regreso de las trasnacionales petroleras que en 1938 expulsó del país el presidente Lázaro Cárdenas, ya que de nuevo se les permite la explotación de los hidrocarburos mediante contratos que en realidad son concesiones, e incluso se establece en la Constitución que podrán registrar como parte de su patrimonio las reservas de crudo mexicanas.

Durante el debate del dictamen hubo 43 oradores, la mitad de ellos de PRI, PAN y PVEM, que no respondieron a los señalamientos concretos de los legisladores de izquierda sobre el carácter privatizador de esa reforma, que otorga, dijeron, contratos por 30 años a las compañías privadas para la explotación del petróleo y hasta 40 años para la de gas, y establece además que los litigios podrán dirimirse en tribunales internacionales.

Fue el primer día de discusión del proyecto –que se espera votar hoy–, en el que no sólo participaron los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera, sino otros legisladores, particularmente del PRD, que llevó a prácticamente toda su bancada.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, fue el primero en advertir que quien vote esa propuesta para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales va a traicionar a la patria, ya que están actuando en beneficio de intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos, que será el principal beneficiado con la entrega del petróleo a trasnacionales.

Este proyecto de dictamen va a pasar a la historia, “al igual que el Tratado de Guadalupe Hidalgo –con el que Santa Anna entregó la mitad del territorio nacional– y los convenios que firmó la aristocracia mexicana para imponer a un emperador extranjero, como una de las etapas de la mayor ignominia”, recalcó a su vez el senador perredista Alejandro Encinas.

Antes, la también perredista Dolores Padierna indicó que mientras la mayor parte de las naciones del mundo protegen su soberanía y seguridad energética, con esa reforma vamos en sentido contrario, ya que capitales privados nacionales y extranjeros realizarán negocios con los recursos naturales que son de la nación.

La reforma, dijo, obedece a compromisos hechos por los gobiernos panistas y priístas con las empresas petroleras extranjeras. Refirió una reunión a la que asistió conjuntamente con Vicente Fox, en la que las trasnacionales les ofrecieron apoyo para que alcanzaran las candidaturas a la Presidencia de la República. Él lo aceptó; yo lo rechacé.

Al comienzo del debate, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos; de Energía, David Penchyna, y de Estudios Legislativos Primera, el panista Raúl Gracia, sostuvieron que la reforma propuesta no permite las concesiones en materia petrolera y mantiene la propiedad del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.

Una docena de perredistas y el petista Bartlett los refutaron. El senador Mario Delgado, del PRD, enumeró las 10 mentiras que contiene el proyecto de dictamen, entre ellas afirmar que no se otorgarán concesiones; la cesión de parte del territorio a las empresas extranjeras, a las que se abre toda la cadena productiva de petróleo y la electricidad, se da a través de la figura de licencias, incluida en el esquema de contratos, que se incluye en el artículo cuarto transitorio de la reforma.

“En el medio petrolero internacional lo que se conoce como license no es otra cosa que concesión, y es una hipoteca sobre el petróleo, que finalmente pasará a manos de la trasnacionales”, recalcó Bartlett.

Encinas advirtió que el término licencias que se incluye en el documento es sinónimo de concesión, como también son sinónimos descaro y desvergüenza.

El senador perredista Luis Sánchez dijo que a través del artículo cuarto transitorio se permite que, vía los contratos de producción compartida y las licencias, las trasnacionales puedan llevarse el petróleo al extranjero y reportar como activos en sus libros contables las reservas de petróleo mexicanas.

Seamos claros: al hacer esa maniobra contable las compañías trasnacionales usarán las reservas que tienen otorgadas en concesión para agotarlas, para terminarlas, porque será el flujo de garantía para recibir financiamientos. Por ello, pidió a los priístas y panistas que debatieran esos puntos delicados.

Los priístas, panistas y verdes lo evadieron. Al final, el senador José Luis Lavalle, del blanquiazul, repitió parte del artículo 27, donde se señala que no se otorgarán concesiones, pero no se refirió, por supuesto, al artículo cuarto transitorio.

La mayor parte del tiempo repitieron que es una reforma necesaria. Penchyna señaló al inicio que le guste a quien le guste, le incomode a quien le incomode, las legislaciones secundarias que hemos hecho en materia de energía no nos han dado los dividendos que los mexicanos estamos esperando, y por ello se debe reformar la Constitución.

El priísta Ascención Orihuela indicó que si México no lleva a cabo esa reforma constitucional, se convertirá en un país subordinado, dependiente, e hincado ante el mundo. Remarcó que Pemex no puede sola, ya que en los años recientes su producción ha caído en 20 por ciento, perderá 150 mil millones por refinación, y las reservas petroleras se han reducido en los últimos cinco años.

Ese mismo discurso, que sostiene que sólo con esa reforma constitucional se detonará el desarrollo económico del país, lo repitieron panistas y verdes. En nombre del PVEM, Ninfa Salinas, la hija del dueño de Tv Azteca, sostuvo que se trata de ganar-ganar.

¡Vaya alud de demagogia!, comentó Bartlett. Nos han venido a repetir la campaña mediática de Peña Nieto. No tienen ningún argumento sólido. Mientras el petista intervenía, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, dejó el salón donde se debatía y fue a la sala de prensa para ver por televisión el final del partido de futbol entre América y Toluca.

Hubo descalificaciones para los perredistas. El senador Salvador Vega Casillas advirtió: es un lugar común decir que el petróleo es de todos los mexicanos, pero cuando les preguntamos, la mayoría de ellos no saben decir cuál es el beneficio que tienen.

Otro legislador del Verde, Carlos Alberto Puente, acusó a quienes están en contra de la reforma de ser fetiches caducos de un nacionalismo estéril, y preguntó en qué parte del dictamen dice que el petróleo se privatiza.

La senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, enardeció a la mayoría de PRI y PAN cuando parafreaseó al escritor José Saramago: ustedes quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos; pues privaticen los sueños, la ley, la justicia, pero si quieren que realmente haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que los parió. Y eso sería mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, no se la merecen.

Los priístas exigieron respeto, y ante los señalamientos repetidos de que traicionan al país con esa reforma, el ex gobernador de Guerrero René Juárez respondió: no soy traidor, pero si es el costo de avalar la modernización del sector, si buscar que la riqueza petrolera pueda desparramarse en beneficio de las comunidades, entonces sí soy traidor. Que cada quien asuma sus responsabilidades.

El senador Encinas advirtió que este debate que se está dando en el Senado, con dos visiones opuestas, va a abrir viejas heridas y a confrontar a los mexicanos. Por eso sostenemos que es necesaria una consulta pública.

Las comisiones se declararon en sesión permanente. Los trabajos continuarán hoy a las 11 horas, y se espera que el dictamen sea aprobado y presentado en primera lectura ante el pleno, para votarse mañana.