on la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales), han venido avanzando sin límite de continuidad en el cogobierno o manejo conjunto del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida la privatización multimodal de la infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.

2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y productivo.

Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de formar un mercomún energético de América del Norte. Dijo: Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas de petróleo crudo. En febrero de 2001, el experto George Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush, dijo Baker. En marzo, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era hemisférico y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados. Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía del hemisferio− una frase que abogaba por la integración energética del continente. Allí quedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de Canadá y México). Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios, dijo entonces Abraham desafiando la ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.

La idea de crear redes o corredores energéticos a través de ductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre fue norteamericanizar los mercados de energía −ante la deficiencia de Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería cambiar el marco legislativo y regulatorio de los países involucrados.

En mayo de 2001, el presidente Bush −principal operativo del cártel petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon­Mobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energético nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como una fuente primordial para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos.

Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una interrelación energética natural. El grupo recomendó a Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los permisos presidenciales para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo.

Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: liberalizando los marcos regulatorios y legales. Es decir, modificando la Constitución mexicana.

2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del documento, una decía: Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía. En buen romance, fue el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.