Susuclumil, Chis. 7 de diciembre.

En pocos lugares de la atribulada geografía nacional resulta más fundado y pertinente un juicio al Estado Mexicano por crímenes deliberados y de lesa humanidad, que la zona Norte de Chiapas. Este fin de semana, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizó en esta comunidad chol en la zona baja de Tila una preaudiencia, en la cual recibió testimonios de decenas de víctimas y sobrevivientes de los peores años de la guerra encubierta que se desató en las montañas del sureste luego del levantamiento armado del EZLN en 1994.

La operación de guerra desplegada por el gobierno mexicano en la zona chol entre 1995 y 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, ha de servir de caso ejemplar en las academias militares donde se estudian las guerras encubiertas. Causó 85 muertes de campesinos y la desaparición de otros 37. Se destruyeron aldeas, se quemaron ermitas, se trajeron burdeles, tal como enseñan los manuales. Se expulsó a los nativos. (En la zona norte hubo tres mil 500 desplazados en esos años). Se estableció un régimen de terror, sin matices ni fisuras, a cargo de un grupo paramilitar bien identificado: la organización priísta Desarrollo Paz y Justicia, que operó siempre de la mano de las policías federal, estatal y municipal. Juntos realizaban patrullajes que para las comunidades de Tila, Sabanilla y Tumbalá se fueron volviendo terroríficos. Quien no se desplazaba permanecía encerrado en sus casas. Militarizada la región desde el tercer mes del gobierno de Zedillo, fue inmediata y en cierta medida pública la vinculación entre los dirigentes de Paz y Justicia y los altos mandos castrenses.

Violaciones, descuartizamientos, ejecuciones, emboscadas, tortura, asaltos a mano armada. Nunca combate, siempre ataques a población civil indefensa y pacífica. La impunidad que hasta la fecha gozan todos los involucrados en los crímenes –incluso los pocos que, por otros delitos, han pisado prisión– significa la cereza del pastel para el llamado Plan de Campaña Chiapas 94, cuya existencia nunca ha sido aceptada por el gobierno, a pesar de que está bien documentado, y que sus frutos bañaron de sangre estas serranías el último lustro del siglo XX. De hecho hoy se conoce la existencia de una red clandestina de oficiales del Ejército que operaron en campo.

En la preaudiencia del TPP se escuchan los nombres de muchos de los autores materiales de la cadena de crímenes ocurrida aquí; de los autores intelectuales, o sea sus dirigentes y los funcionarios del gobierno priísta; de los mandos policiales, agentes de Ministerio Público y batallones del Ejército federal que sistemáticamente encubrieron y apoyaron a estos paramilitares. Entre miembros de Paz y Justicia se repartieron las alcaldías de estos municipios y algunas diputaciones. La zona Norte les pertenecía a Samuel Sánchez, Diego Vázquez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres Martínez, el edil Carlos Torres López, José Torres Torres y muchos otros.

El gobernador interino Julio César Ruiz Ferro encubrió y financió al grupo contrainsurgente. Sus cabecillas pasaban por líderes magisteriales (algunos eran del SNTE) o representantes agrarios del aparato priísta, y habían establecido una estructura paralela al Ejército federal de ocupación. Se dedicaron a perseguir indiscriminadamente a pobladores de organizaciones independientes (Abu Xú), diáconos de la diócesis de San Cristóbal –a cargo entonces de Samuel Ruiz García–, perredistas, simpatizantes y bases de apoyo del EZLN, y en general a todos los que no pertenecieran a su grupo ni participaran en los programas gubernamentales.

Susuclumil (Tierra Blanca en chol), la comunidad anfitriona de la preaudiencia Justicia y verdad del TPP, también padeció esa ofensiva contrainsurgente durante años y a la fecha se sienten sus efectos. Las mujeres siguen soñando pesadillas, los hombres no se quitan el espanto. La indignación viene cada que se acuerdan. No han olvidado. Muy cerca se localiza la colonia Miguel Alemán, referida como sede principal de Paz y Justicia. Fue escenario de atrocidades; de allí salían muchos patrullajes, no pocas veces letales. El 20 de junio de 1996, en Miguel Alemán, fue secuestrada, vejada, asesinada y desaparecida Minerva Guadalupe Pérez López. Hasta el sol de hoy nadie ha sido castigado dicen sus familiares.

Los indígenas han pasado 18 o 19 años cruzándose en los caminos o en oficinas gubernamentales con los asesinos, expulsores, violadores, asaltantes de sus familiares en Usipá, Masojá Grande y Chico, Jolnixtié, Tila, Sabanilla, Limar, Aguascalientes, Cruz Palenque, Crucero, Calvario y muchas más comunidades: identificados, impunes, prósperos, oficialistas como siempre.