A fin de garantizar la aplicación de la reforma educativa, los gobiernos estatales no sólo tendrán que acatar las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública (SEP) para modificar el funcionamiento de las escuelas, también deberán dar cursos a maestros y personal que labora en los centros escolares sobre su obligación de proteger a los alumnos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

De acuerdo con el convenio marco para la implementación de la reforma educativa suscrito el pasado martes por el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores de todo el país, las autoridades locales se comprometen a impulsar la participación de los padres de familia en la elaboración de planes de estudio de la educación básica y normal; en los programas de gestión escolar, y en general, colaborar en la resolución de los retos que cada escuela enfrente.

Las administraciones estatales también deberán colaborar en la aplicación de nuevas reglas para las estructuras ocupacionales en las escuelas del país, lo que implica proporcionar información sobre la plantilla de trabajadores en cada centro escolar y su actualización.

El convenio establece, en cuanto a las modicaciones para la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) que sustituirá al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que hasta en tanto éste no se concrete, será responsabilidad de las autoridades estatales realizar las retenciones, descuentos o deducciones que se hayan realizado al salario de sus trabajadores con motivo de la aportaciones de seguridad social, así como las que el trabajador haya autorizado para cubrir obligaciones a su cargo, para evitar endeudamientos excesivos.

Por lo que respeta a la elaboración de los perfiles, parámetros e indicadores que se aplicarán a los maestros, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, los estados deben participar en una consulta nacional para definir aquellos que resulten necesarios para cada entidad de acuerdo con su contexto, condiciones geográficas y sociodemográficas, los cuales, señala el documento, deben ser objeto de una amplia difusión, a fin de que sean conocidos por el magisterio.

Los estados también deberán realizar inspecciones, por lo menos una vez al año, de los servicios educativos a los cuales entregaron reconocimientos de validez oficial de estudios, así cómo establecer y fortalecer sus sistemas de educación a distancia, así como crear sistemas accesibles a ciudadanos y maestros para presentar quejas y sugerencias sobre el sistema educativo nacional.