El dictamen sobre la reforma energética de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales de Energía y Estudios Legislativos del Senado, que liberaliza el sector eléctrico y de los hidrocarburos con cambios constitucionales a los artículos 25, 27 y 29, es un retroceso con el que se pretende restablecer una actividad como la que existía antes de la nacionalización de la industria petrolera en 1938.

Además, no se plantea un periodo suficiente para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda enfrentar la competencia en las nuevas fronteras geológicas, pues sólo se le otorgan 60 días naturales para concursar en los contratos de ronda cero, cuando en Brasil se le concedió un periodo de tres años, consideraron expertos en energéticos.

Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional independiente, señaló a La Jornada que es impresionante y lamentable que a la empresa emblemática de México, Pemex, solamente se le otorgue un par de meses para competir como empresa productiva pública con las grandes petroleras trasnacionales.

Explicó que a Petrobras, en Brasil, se le concedió un periodo de transición de tres años para prepararse y poder competir en las licitaciones para la explotación de crudo con los gigantes petroleros internacionales.

Incluso a Carlos Slim se le dio un lapso de 20 años para que Teléfonos de México pudiera enfrentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, por lo que es lamentable y patético que se trate así a la empresa que aporta una tercera parte del presupuesto gubernamental.

Tampoco queda bien definido un mecanismo que garantice la autonomía presupuestal y de gestión de Pemex ni queda claro en qué proporción habrá una disminución de la carga fiscal a Pemex ni su fortalecimiento.

Otro tema relevante es la modificación del artículo 25 constitucional, en el que se faculta a Pemex ir en alianzas con otras empresas petroleras, pero no podrá escoger con quién y será el Estado el que le imponga el socio. Los matrimonios sin amor son del siglo pasado. Aparentemente, existe la voluntad de minar las bases de desarrollo sustentable de Pemex, advirtió.

Por separado, Sergio Benito Osorio, ex presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, afirmó que el dictamen crea un esquema de competencia donde el más afectado será Pemex.

También muy importante es el tema de las licencias, porque aun cuando se establece que no se darán concesiones, las licencias modernas en los hechos son concesiones. También, se crean todas las condiciones para desmembrar o desmantelar la Comisión Federal de Electricidad, pues se liberaliza todo lo que es el despacho eléctrico y podrá haber permisos para la distribución eléctrica, además de que se rompe el concepto de industria nacional y se da paso a un experimento que ha fracasado en todo el mundo.

Benito Osorio aseguró que el dictamen va mucho más allá de lo que inicialmente había planteado el presidente Enrique Peña y queda de manifiesto que todo lo declarado en el sentido de fortalecer a Pemex era una maniobra mediática, y esta reforma es para recuperar y restablecer una actividad como existía antes de la nacionalización petrolera.

Miguel García Reyes, presidente del Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente, alertó que, si no hay capacidad para regular a las trasnacionales, de nada sirve esta reforma. Si no hay un órgano regulador inquisidor, como hacen Rusia y Venezuela, las empresas van a venir a avasallar. El propósito, como lo documenta el dictamen, es hacer un Pemex chiquito. Los contratos de ronda cero para Pemex serán los que no les interesan a las empresas extranjeras. Sería muy injusto que entrara así la reforma, refirió.

Vaticinó que entre PRI y PAN van a mayoritear y no van a permitir la discusión con la exclusión de la izquierda y de más de 2 millones de mexicanos que demandan una consulta, por lo que será una reforma antidemocrática que provocará muchos problemas con gran agitación política que afectará a las empresas trasnacionales.