l director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció ayer que cuatro mil indígenas cuyos hogares resultaron destruidos o dañados por las lluvias de septiembre pasado en los municipios de Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Metlatónoc y Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, se encuentran aún en albergues improvisados e incluso a la intemperie, sin saber si serán reubicados y enfrentando los intensos fríos de la temporada.
Según señaló el activista, a la circunstancia de desprotección y precariedad que enfrentan los damnificados de las localidades referidas se suma la incertidumbre derivada de conflictos agrarios persistentes en sus comunidades, hecho que ha sido sistemáticamente eludido por las autoridades de la entidad.
Así, a casi dos meses del paso devastador del huracán Manuel por Guerrero se hacen evidentes una vez más las inequidades estructurales, las desviaciones institucionales y la generalizada indolencia gubernamental hacia los grupos de población más desprotegidos, así como la ausencia de una mínima ética de las autoridades frente a los mismos. Como ocurre de manera cíclica, los gobernantes estatales y federales acuden a las áreas siniestradas para hacerse visibles ante los medios y asegurar que los mecanismos de emergencia marchan bien, por más que la realidad ponga de manifiesto la descoordinación, la corrupción y la ineficacia de las instituciones públicas para atender a la mayor parte de los afectados por la naturaleza.
En el caso comentado, la celeridad de las reparaciones en los destinos turísticos de Guerrero –particularmente Acapulco– contrasta con la asistencia insuficiente o con la directa desatención en pequeñas localidades situadas tierra adentro en esa entidad, particularmente comunidades de la Montaña guerrerense, en las que los saldos del fenómeno natural se conjugan con la circunstancia histórica de discriminación y abandono que padecen los grupos indígenas que ahí habitan.
Como el país lo sabe desde hace muchos años, la pobreza y la marginación tienen un efecto multiplicador de la destrucción causada por los desastres naturales. No es casual que fenómenos atmosféricos y terremotos golpeen con más fuerza en las zonas pobres; ocurre, simplemente, que esas zonas son las más vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Los damnificados de mucho antes por las catástrofes artificiales de la política económica, la corrupción endémica y los cacicazgos integran, por regla general, la gran mayoría de los afectados por las lluvias, las marejadas y los movimientos de tierra.
La mejor medida preventiva ante esta clase de catástrofes está a la vista: cambiar el rumbo del modelo económico y aceptar, de una vez por todas, la necesidad de un país incluyente que empiece no a aliviar, sino a erradicar las situaciones de pobreza extrema, de discriminación, de exclusión, así como las abismales desigualdades sociales que lo caracterizan.
