En un escenario de crisis económica, desempleo y precarización del trabajo, cada vez es más fácil para empresas y gobiernos hacer de lado las reivindicaciones de los obreros y anular sus derechos básicos, con el pretexto de que no hay recursos o estamos viviendo una época difícil, advirtieron integrantes de diversas organizaciones sociales.

Durante un foro realizado con motivo del 23 aniversario del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), los participantes coincidieron en que las organizaciones no gubernamentales han ocupado un papel preponderante en la lucha contra los abusos a los trabajadores, tarea que antes realizaban de forma casi exclusiva los sindicatos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que para las autoridades siempre es fácil alegar que no pueden hacer nada para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo justificar políticas regresivas, apelando a los enemigos construidos que son la crisis y el desempleo.

Por lo anterior, abundó, el respeto a los derechos humanos no siempre depende de los organismos que formalmente se abocan a ello, sino más bien de instancias como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que fijan la política laboral de varios países.

Es por ello, dijo, que valdría la pena interpelarlos a ellos y cuestionar de raíz a las entidades que asumen las decisiones económicas de las cuales se derivan otro tipo de abusos, en este caso contra las garantías básicas de los trabajadores.

Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, subrayó que los organismos de la sociedad civil, como el propio Cereal, juegan un papel cada vez más determinante para visibilizar la relación entre lo económico y lo social, y por tanto dejar claro que las violaciones a los derechos laborales son también a los derechos humanos.

Uno de los casos que ilustran la importancia de los colectivos independientes en la defensa de los trabajadores, indicó Fuentes, es el accidente en la mina de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros atrapados bajo tierra luego de una explosión.

Gracias a la lucha del Cereal, recordó, fue posible reconocer que los trabajadores y sus familias tenían un interés legítimo para presentar alegatos en su defensa, y que dicha labor no sólo debe recaer en los sindicatos.

Arturo Rodríguez, periodista del semanario Proceso, destacó que gran número de conflictos sociales tienen su origen en la violación de los derechos de los trabajadores y el despojo de los recursos naturales de las comunidades, en particular el gas, el petróleo y otros combustibles.