Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que la firma de un convenio para aplicar la reforma educativa, suscrita por los gobernadores y el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de diciembre, es una muestra de gran debilidad, pues en los hechos las primeras medidas del nuevo marco normativo no se han concretado.

Juan José Ortega Madrigal, líder del magisterio de la sección 18 de Michoacán, afirmó que ante la resistencia magisterial disidente, la reforma es letra muerta, por lo que calificó de acto de simulación y una aberración el acuerdo para su implementación.

Prueba de ello, enfatizó, es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que hasta el pasado 29 de noviembre, en poco más de 30 mil centros escolares –es decir 11.5 por ciento de los planteles– se negó total o parcialmente la información solicitada para el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

Instalaciones visitadas

De acuerdo con los datos preliminares, otros 10 mil centros de trabajo que debían censarse no se localizaron o ya no están en funcionamiento, lo que representa 4 por ciento de las 273 mil instalaciones educativas y administrativas cuyos domicilios y ubicación fueron proporcionados por la Secretaría de Educación Pública.

En gran parte del país, agregó Ortega Madrigal, no existen condiciones para que se aplique la reforma. Y resulta incongruente que Peña Nieto pretenda llevarla a la práctica, pero con medidas de coerción, como descuentos y suspensiones, acciones que tampoco se ha logrado aplicar.

Al respecto, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que en esa entidad el censo que aplica la SEP no pasará. Informó que continuará el brigadeo en todo el estado para solicitar a los padres de familia que no entreguen ninguna información”.

Luego que el Inegi informó que en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán se deberá extender la aplicación del sondeo hasta el 15 de diciembre, Núñez Ginés destacó que no sólo fracasaron las primeras medidas de la reforma educativa en esas entidades, son muchas más donde se respondió de forma incompleta o se regresaron en blanco los cuestionarios.

En entrevista por separado, ambos dirigentes coincidieron en que no hay posibilidad de avanzar en el terreno educativo, cuando las nuevas normas que se pretende aplicar no han sido consensuadas con los actores más relevantes del proceso formativo: alumnos, maestros y padres de familia. Ninguna acción coercitiva o de intimidación va a generar transformación real.

Y advirtieron que si el gobierno federal insiste en imponer sus modificaciones administrativas, sin discutir un proyecto educativo incluyente para garantizar una educación pública, laica y ajena a los intereses del empresariado y las trasnacionales, no daremos un paso atrás hasta lograr su abrogación.