a información propia del fin de año sobre los montos de los aguinaldos de los servidores públicos siempre es ocasión para acentuar la mala percepción que los mexicanos tienen sobre su clase política.

Si atendemos que más de 60 por ciento de la población está en pobreza, que 24 por ciento está por debajo de la línea de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria, y que México fue el único país donde estas cifras crecieron en el último año, entenderemos por qué resulta tan escandaloso que los políticos tengan vida de jeques árabes.

Ser político en México es signo de pertenencia a una clase diferente, cuyo enriquecimiento se deriva de la privatización del recurso público, a una nueva clase originada en los distintos partidos que parasitan las finanzas públicas, no sólo en los tres órdenes de gobierno, sino también en los órganos autónomos y hasta en las universidades, que bien puede ser denominada parasitocracia.

Si bien la corrupción es endémica en México, la abundancia de los recursos petroleros en la década reciente y la impunidad reinante condujeron a una verdadera metástasis de ese cáncer.

Dos factores han operado como causa eficiente de este proceso de descomposición: la crisis de representación del sistema político expresada en una dinámica de autismo-reproductivo, y los mecanismos autorreferenciales de asignación de recursos públicos, que permiten que diputados, ministros, magistrados, consejeros, etcétera, se autoasignen ingresos abusivos por donde quiera que se les vea.

Si a ello agregamos una sociedad dormida, poco movilizada, sin autonomía y con miedo permanente, entenderemos por qué se ha institucionalizado la rapiña.

En momentos en que se discuten los presupuestos de egresos de los estados para 2014 deberíamos levantar la voz para exigir una disminución drástica de las partidas destinadas a financiar esos ingresos abusivos, y la aprobación de tabuladores, leyes y sanciones que contengan la marea de corrupción que ahoga al país.