se miércoles 10 de abril, ante los reclamos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exigiendo una solución al conflicto generado por Felipe Calderón, el secretario de Gobernación afirmó categórico tener instrucciones del Presidente de la República para resolver el conflicto del SME lo más pronto posible. Afuera, miles de electricistas esperaban en las inmediaciones del Palacio de Covián y estallaron en gritos de júbilo cuando la comisión negociadora de la dirección del SME anunció el compromiso alcanzado.

Han transcurrido más de siete meses y el gobierno no ha honrado su compromiso, comenzando con la jubilación de mil 400 miembros de la resistencia del SME, algunos de los cuales se quedaron a unos días o semanas de cumplir los 30 años de servicio en Luz y Fuerza del Centro (LFC) y otros con riesgos de trabajo con calificación de incapacidad parcial permanente, con derecho a la jubilación conforme al contrato colectivo de trabajo. Peña Nieto, como antes Calderón, prefiere administrar el conflicto; Calderón buscó asestar el golpe final al SME y el actual gobierno, emparejando la solución que ofreció al desenlace de las iniciativas privatizadoras del PRI y del PAN. En ambos casos se intenta regresar el reloj de la historia nacional a los años previos a la expropiación del petróleo, y en el caso del sector eléctrico echar abajo la nacionalización de la electricidad realizada por Adolfo López Mateos, cuando el PRI todavía presumía de nacionalista.

Las iniciativas privatizadoras del PRI y del PAN son coincidentes en cuanto a aplicarlas mediante reformas constitucionales a los artículos 27 y 28. El PAN elimina completamente del párrafo sexto del artículo 27 la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en la prestación del servicio público de energía eléctrica. El PRI por su parte echa abajo la reforma-adición del presidente Adolfo López Mateos en la que se agrega la prohibición constitucional de otorgar contratos en materia de petróleo, para regresar al texto constitucional de 1939, falseando la historia al señalar que el presidente Lázaro Cárdenas del Río estuvo de acuerdo con la participación del capital privado, pero ocultando que la limitó a personas físicas mexicanas y a no ser sociedades anónimas que emitan acciones al portador.

En el caso de la electricidad, la iniciativa de Peña Nieto pretende legalizar la participación del capital privado en la generación de energía eléctrica y en el abasto de la misma, permitiendo la celebración de contratos en toda la cadena productiva eléctrica. Pero tanto el PRI como el PAN coinciden en eliminar el carácter estratégico del petróleo y la electricidad como se establece en el artículo 28 constitucional, para ubicarlos en áreas prioritarias en donde está permitida la participación del capital privado. Por su parte el PAN va más allá en las reformas en leyes secundarias, como puede leerse en las páginas 36 y 37 de su iniciativa privatizadora, donde propone desintegrar a la Comisión Federal de Electricidad en filiales, y la participación del capital privado en generación, transmisión, distribución y comercialización.

En estas circunstancias, sean las filiales que plantea el PAN o las asociaciones que sugiere el PRI, el desenlace de la lucha del SME está ligada a las iniciativas privatizadoras del petróleo y la electricidad. De aquí vienen las demoras deliberadas del gobierno de Peña Nieto para resolver el conflicto del SME y empalmarlo a la privatización energética. De haberse dado la solución antes de la reforma privatizadora, la reinserción laboral se habría dado en la CFE, por varias razones: el proceso de extinción y liquidación de LFC se encuentra detenido desde hace más de cuatro años pues sus bienes (plantas de generación, subestaciones eléctricas, torres y líneas de transmisión y redes eléctricas de distribución, etcétera) tienen como único objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica y no pueden ni rematarse ni venderse; además, conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, CFE es el único organismo público descentralizado que cumple la función constitucional en la prestación del servicio público de energía eléctrica y quien adicionalmente tiene en comodato y operando todos los bienes de LFC en tanto patrón sustituto.

El gobierno planea un albazo para imponer su contrarreforma energética. Pero sus planes están cuestionados. El llamado Pacto por México se ha resquebrajado por la salida del PRD. Pero lo más importante ocurre abajo, en las calles y plazas públicas, en donde un conglomerado de fuerzas agrupadas en Morena y en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación expresan su rechazo a la entrega del petróleo y la electricidad y organizan el cerco a la Cámara de Senadores, al grito de La patria no se vende, se ama y se defiende. La lucha se inicia y será larga. Los electricistas estarán presentes, haciendo honor a su historia en defensa de la industria eléctrica nacionalizada y por la recuperación de sus empleos.