El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo observaciones a las reformas al Código Penal local aprobadas por la Asamblea Legislativa, por medio de las cuales se aumentan las penas a los delitos de homicidio, lesiones, robo y daño a la propiedad –artículos 123, 130, 224 y el adicionado 241 bis– cometidos durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o recreativo.

Ayer el gobierno capitalino turnó a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) sus observaciones al decreto y anexo las consideraciones técnicas hechas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, para quien estas reformas criminalizaban las protestas.

Entre las observaciones realizadas se pide a los legisladores armonizar el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de asociación, con el cuidado, respeto y protección de la vida, integridad física y patrimonio de las personas; es decir, con los bienes jurídicamente tutelados.

En lo concerniente al principio de proporcionalidad de las penas, solicita que se analice doctrinal y en forma estadística el impacto de las manifestaciones para determinar si la punibilidad planteada en los tipos penales allí formulados se halla asociada a la gravedad del daño a los bienes jurídicos tutelados, antes mencionados.

En otra observación pide respetar el derecho penal del acto y evitar incurrir en lo que se conoce como derecho penal de autor; es decir, el Estado no podrá sancionar a una persona por un supuesto grado de peligrosidad derivado tanto de actos anteriormente cometidos, como por la apariencia o una calidad de amenaza atribuida desde la opinión pública en virtud de la ideología que exprese.

Además, plantea determinar si se ha acudido al derecho penal como última barrera para el logro de la convivencia armónica y se han agotado otras ramas del derecho para ese propósito, debido a la naturaleza altamente intrusiva del derecho penal en la esfera jurídica de las personas y en un bien de la mayor valía, la libertad.

Para ello, señala, deberá valorarse la necesidad y posibilidad de formular normas de carácter administrativo, incluidos los protocolos de actuación policial, para permitir, por un lado, garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución y, por otro, prevenir y controlar cualquier conducta violenta en estos ejercicios sociales, cuya normativa vigente, por lo demás, ya existe y debe considerarse.

El 19 de noviembre, la ALDF avaló aumentar hasta en 50 por ciento las penas de los delitos de lesiones dolosas y homicidio cometidos en contra de policías durante manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.