La tecnología con la que cuentan los cuerpos de seguridad son insuficientes para frenar el incremento del abuso sexual infantil en Internet si el esfuerzo de investigación oficial no va acompañado de la denuncia sobre sitios que alojan material que promueve contenidos que amenazan la seguridad de los menores, advirtieron especialistas del Centro Nacional para Niños perdidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), con sede en Virginia, Estados Unidos.

Auspiciados por la embajada estadunidense en México y financiado con fondos del Plan Mérida, el simposio sobre combate a la explotación y la pornografía infantil –organizado por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en asociación con el NCMEC– concluyó este jueves que la integración de esfuerzos con las familias y la iniciativa privada debe ser el eje rector de toda política del gobierno federal para hacer frente a los depredadores que han encontrado en Internet el mejor vehículo para dañar a niños y adolescentes.

Durante las presentaciones, que incluyeron la presencia de funcionarios de iGuardian de la Oficina de Investigaciones de DHS, y Clic Inteligente de Microsoft, se mostró que entre 1998 y 2013 se recibieron más de 2 millones de reportes sobre explotación sexual a menores a través de una plataforma electrónica conocida como CyberTipline, proyecto que junto a otros productos el NCMEC puso a disposición de las autoridades mexicanas a efecto de implementar mecanismos de alerta sobre este tema.

La explotación puede iniciar a partir de una fotografía

Advirtieron sobre el hecho de que existen muchos mitos alrededor de los depredadores sexuales que operan en Internet y destacaron que el perfil más común es que se trata de personas de unos 26 años, no necesariamente pedófilos, que están a la caza de jóvenes de entre 13 y 15 años –mayoritariamente niñas, aunque los niños representan 25 por ciento– para obtener fotografías de desnudos que, posteriormente, renvían a millones de cuentas electrónicas, iniciando así la explotación del menor, que puede escalar hasta la exploración física.

Llamaron a los padres a establecer controles en el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares de sus hijos, a conocer cuántas cuentas de correo o de contacto tienen en las herramientas digitales que les permiten contactarse con otras personas, conocer a sus amigos o contactos y a partir de ahí ubicar cualquier conducta que salga de parámetros que los padres pudieran calificar como normales: número de horas que pasan frente a la computadora o su teléfono celular, cerrar de prisa la pantalla cuando perciben que alguien se acerca, enfadarse de más cuando no pueden conectarse a Internet, abrir varias cuentas en las distintas plataformas, entre otras conductas.

Los padres deben estar atentos también a los mensajes que sus hijos reciban a través de sus teléfonos celulares, ya que el móvil es el de uso más extendido, y que su portabilidad dificulta la vigilancia en el entendido de que no se trata de invadir la privacidad del menor, sino procurar su protección ante actos que le pueden resultar desconocidos y potencialmente graves.

Advirtieron que la colaboración entre la industria dedicada a las comunicaciones, los servicios policiales y los organismos de vigilancia hacen posible la intervención coordinada y eficaz contra los contenidos de abuso sexual infantil.

Los gobiernos deben asegurarse de que la legislación sea clara y permita a las partes interesadas trabajar eficazmente contra la presencia de contenidos de abuso sexual infantil en el mundo digital, advirtieron.