A pesar de que en la discusión legislativa para aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales lograron modificarse algunos aspectos negativos del proceso de juicio de los inculpados, todavía persisten diversas irregularidades en la fase de investigación, lo cual puede seguir generando graves violaciones a los derechos humanos.

Así lo advirtió Alejandro Jiménez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien destacó en particular el hecho de que los jueces puedan todavía ordenar la intervención de comunicaciones privadas, o la localización geográfica de teléfonos celulares en tiempo real.

En el texto que finalmente se aprobó ayer por unanimidad en el Senado para dar lugar al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluyeron algunas observaciones positivas de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas que el Estado asuma la responsabilidad de poner de oficio un traductor a los procesados que formen parte de algún pueblo indígena.

Asimismo, se aprobó que el gobierno asuma el costo de las pruebas periciales que ayuden a resolver un caso –en vez de alguna de las dos partes involucradas en un conflicto– y se limitó el uso de la prisión preventiva a un máximo de un año, así como utilizar en la medida de lo posible el domicilio de la persona para dichos fines.

Sin embargo, lamentó Jiménez, en el nuevo código no se logró acotar un amplio espacio que tienen los agentes del Ministerio Público para cometer diversas arbitrariedades, como fabricar culpables o poner a testigos a identificar a sospechosos sin los controles adecuados.

Uno de los puntos más preocupantes, aseveró el especialista, es el referente a las órdenes de los jueces para intervenir comunicaciones privadas, que pueden ser emitidas con total libertad, por tiempo indefinido y sin necesidad de justificar la necesidad de esa medida.