La Cámara de Diputados decidió controvertir la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que excedió su facultad reglamentaria e invade competencias de la Cámara de Diputados, debido a que se facilita la operación de las máquinas tragamonedas, bajo el nombre de sorteos de números y símbolos.

Dicha controversia será presentada este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el panista Ricardo Anaya.

Ricardo Mejía Berdeja, quien encabeza la comisión especial de juegos y sorteos, adujo que en ese grupo de trabajo persiste la intención de crear un nuevo marco normativo en el tema de juegos y sorteos, pero esta disposición reglamentaria nos parece no solamente que va más allá de las facultades del Ejecutivo, sino que permite que continúen las llamadas máquinas tragamonedas, que son aproximadamente 250 mil (instaladas) en farmacias, tiendas de conveniencia, mercados ambulantes, misceláneas y que constituyen aparatos que son usados en su mayoría por jóvenes de entre 14 y 18 años y de esta manera se está induciendo al juego a nuestro futuro, que son estos niños y estos jóvenes.

El pasado 19 de octubre del año pasado la Cámara de Diputados presentó una controversia contra la Ley de Juegos y Sorteos, a lo que el Ejecutivo reaccionó el 23 de octubre pasado con una reforma al reglamento, que los legisladores calificaron ayer de simulada.

Este señalamiento se sustenta en que el cambio promovido por el presidente Enrique Peña Nieto no habla de máquinas tragamonedas sino de sorteo de juegos y números a través de máquinas, lo cual nos parece una simulación. El tema de fondo subsiste y es la inconstitucionalidad de esta disposición reglamentaria y la invasión de facultades que tiene esta Cámara.

La diputada por el PAN Aurora de la Luz Aguilar también recordó la relevancia de la industria del juego en México, no obstante, aseveró, se encuentra regulada por una ley anacrónica y obsoleta.

Debe ser como todas las actividades productivas, palanca y detonador de empleos, generación de riqueza y bienestar de los mexicanos. Es nuestra responsabilidad legislar para dar garantías de que así suceda. Todos los partidos de la Comisión Especial nos hemos manifestado a favor de crear un nuevo instrumento jurídico, una nueva ley, porque la actual data de 1947 y está rebasada, añadió la legisladora.