Con la certeza de que no serían incluidas en la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada ayer en la Cámara de Diputados, pero con la expectativa de que sean recogidas en la reglamentación secundaria, el Instituto Federal Electoral (IFE) entregó en San Lázaro sus observaciones técnicas.

Entre los señalamientos sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) destacan: falta de claridad en la estructura de mando; discrecionalidad; contradicciones entre el texto y algunos artículos transitorios, que abren aún más la puerta a la discrecionalidad; incongruencias en materia de fiscalización, que permiten a los sujetos regulados participar en las decisiones de autoridad.

El IFE advierte que, con la reforma, se renuncia a una política de Estado para la educación cívica nacional, al delegar tal atribución a los órganos estatales de manera exclusiva, lo cual implica estrategias sin ejes rectores que, incluso, desembocarían en contradicciones en las políticas aplicadas.

Señala que lo anterior puede generar una problemática grave, pues, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los problemas de la región, particularmente en México, es la construcción de ciudadanía. Actualmente, la educación cívica era atribución concurrente entre el IFE y los institutos locales, lo que garantizaba coordinación y favorecía una política nacional.

También destaca complicaciones para que, a petición de partidos, el INE se encargue de realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios, pues presupone que dicho organismo tendrá una infraestructura humana y material –por su propia naturaleza– desconcentrada, que les permita enfrentar una atribución incierta y que no depende de él mismo. No hay claridad sobre si la petición partidista puede ser de carácter temporal, parcial o total en relación con el manejo de sus finanzas, señala.

La realización de los pagos a proveedores y prestadores de servicios por parte del INE abre un delicado e innecesario frente a la actuación de la autoridad electoral, pues cualquier retraso, omisión o contratiempo es susceptible de lectura política respecto del actuar de la autoridad, advierte.

Otro caso preocupante, dice, es el ámbito de la fiscalización, al determinarse la desaparición de la Unidad de Fiscalización y conferir esa atribución al Consejo General, donde no sólo hay consejeros electorales, sino representantes partidistas; es decir, se plantea que un órgano integrado por los propios sujetos a auditar sea el responsable de realizar tal tarea.

Y más aún, el Consejo General tendría la atribución de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, sin tomar en cuenta que dicho órgano, en pleno o en comisiones (integrados también por los partidos) tiene sesiones públicas.

También detecta contradicciones en cuanto a la funciones de capacitación entre órganos locales y el nacional, lo que augura problemas en la aplicación de la estrategia de capacitación y en la propia logística electoral, pues dichas funciones están estrechamente ligadas en proceso comicial, destaca.

Con la reforma, al conferir a los órganos locales la atribución de preparar la jornada electoral, dada la falta de claridad en el diseño, podría generar que en el proceso entren en conflicto las atribuciones del INE y de los institutos locales, lo que se acentúa con lo establecido en los transitorios.

Es ambiguo contemplar la delegación automática a los órganos locales de ejercer las atribuciones de capacitación, instalación de casillas y designación de funcionarios de elecciones locales, y prever la posibilidad de que el Consejo General determine retomar esas tareas.