odrán seguir con su pacto, más bien sociedad de conveniencia, el PRI y el PAN, para entregar el petróleo de la nación, pero las calles no pactan. La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto bulle otra vez en las carreteras, los campos y las plazas de este país.

Porque las cúpulas políticas, que hablan en nombre de quienes no representan, rehúyen el pacto más básico, el que debería ser la piedra angular de un gran acuerdo nacional: el pacto para reconocer y hacer efectivo el verdadero valor de la fuerza de trabajo. El que reivindique el salario de los trabajadores urbanos y el precio de sus productos a los hombres y mujeres del campo.

Las protestas de los maiceros cunden en Campeche, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chiapas… En este último estado, la semana pasada fueron gaseados y golpeados los productores de maíz que se manifestaban en dos puntos carreteros desde el 19 de noviembre. Más de 3 mil maiceros de la zona centro y La Frailesca demandan que se les pague a 5 mil pesos la tonelada de la gramínea, que el gobierno del estado compre 300 mil toneladas de maíz producido por las comunidades pobres y que se les entregue la costalera necesaria para el empaque.

Es la misma canción de la protesta rural en todo el país. Los campesinos piden que se acabe con la única ley que no se puede reformar y que se les aplica con todo rigor, la ley de san Garabato: comprar caro y vender barato. El precio de su grano se precipita, arrastrado por los precios internacionales: de 5 mil pesos la tonelada hace dos años, a 4 mil 300 el año pasado, y ahora, a tan sólo poco más de 3 mil. Por el contrario, el precio de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, de los alimentos que adquieren de fuera, sigue aumentando. En los últimos tres años los precios de maíz, sorgo y frijol se han reducido en 60 por ciento, en tanto los de los insumos se han incrementado en la misma proporción.

Así, de poco servirá el aumento arrancado por la lucha de los productores chiapanecos al lograr que con varias partidas se les pague a 3 mil 700 pesos la tonelada. Porque ni aun así se les cubren los costos de producción, y siguen por la pendiente de la quiebra. Ellos mismos apuntan que con estos precios ni los muy productivos agricultores del noreste son viables.

Los personeros de los diferentes gobiernos argumentan que todo se debe al descenso del precio del maíz en los mercados internacionales, a la excelente cosecha del grano en la Estados Unidos, luego de un año de sequía; a la también buena cosecha en México. Así son las leyes del mercado, dicen. Sin embargo, esas poderosas e ineluctables leyes del mercado no se aplican parejo. Porque, si bien van dos años que el maíz se paga más barato a los productores, la tortilla y la harina de maíz se siguen encareciendo para los consumidores.

¿Por qué? Porque el reformismo convenenciero de Peña Nieto no toca lo más mínimo la política agroalimentaria y de comercio internacional, cuya inercia la hace ver como si estuviéramos en el vigésimo quinto año del gobierno de Salinas o en el séptimo de Calderón. Peor de lo mismo: sigue vigente el decreto expedido por Calderón en 2008, en el contexto de la crisis alimentaria, para que se importen alimentos básicos sin cuotas ni aranceles, provenientes de cualquier país, así México no tenga tratado de libre comercio con él. A cinco años de pasada la emergencia, un puñado de empresas oligopólicas y oligopsómicas siguen importando maíz blanco y amarillo de donde se les pega la gana y de donde pueden obtener más ganancias: de Estados Unidos, de Brasil, de Sudáfrica… Si Irán o Corea del Norte lo tuvieran, de ahí lo traerían, porque lucro mata ideología.

Lógicamente, el maíz importado por empresas como Gruma, Bachoco o Bimbo constituye una reserva en manos privadas y empuja hacia abajo el precio que se paga a los productores. Cuando éstos quieren vender su grano de calidad, blanco, nativo, los importadores e industriales sacan sus existencias, adquiridas a bajos precios internacionales, y derrumban el precio del maíz producido en México. Pero, de nuevo, esto no significa de ninguna manera una baja de precios para el consumidor de harina de maíz o de tortilla.

Vacíos de poder por todos lados por parte del gobierno: en la fijación de precios, en el control de las importaciones, en la compra del grano para regular el mercado; falta de control de la especulación y omisión de constituir una reserva de alimentos básicos y de calidad para el pueblo.

Como señala magistralmente Edgardo Buscaglia, esos vacíos de Estado, ese desdén por fortalecer a los grupos sociales, en este caso de productores, esas graves fallas regulatorias, propician el desarrollo de una clase parasitaria, de ese puñado de empresas plutócratas que controlan el mercado de granos básicos, que no han sido capaces de alimentar adecuadamente a la población, que impiden el desarrollo de un sólido sistema alimentario nacional y contribuyen a la grave crisis de seguridad humana que sufrimos ya por décadas. Seguir por ese camino es no alimentar más que las violencias.