El pleno de la Cámara de Diputados se aprestaba la madrugada de este viernes a aprobar la Ley Reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política en materia de derecho de réplica con objeto de garantizar instrumentos de defensa a los ciudadanos contra los excesos de los medios de información.

Ayer, la Comisión de Gobernación en San Lázaro aprobó el dictamen a la referida iniciativa, la cual estipula que toda persona física o moral podrá ejercer el citado derecho por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere le cause un agravio.

Alejandro Moreno, presidente del órgano legislativo, explicó que todas las fuerzas políticas, por mayoría, aprobaron la iniciativa porque también reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.

Así, al pasar la aduana de la Comisión de Gobernación sin problema por la intervención del diputado Moreno, la mesa directiva de la cámara introdujo en el orden del día el dictamen de ley reglamentaria.

Este introduce que toda persona física o moral podrá ejercer el derecho de réplica por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere que cause un agravio.

También se reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Así, los medios de comunicación serán sujetos obligados, las agencias de noticias, los productores independientes, y cualquier responsable del contenido original.

La iniciativa determina la posibilidad de que la réplica se haga en la misma trasmisión en la que se dio la información agraviante. Tratándose de medios impresos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente.

Además se fijará un catálogo de sanciones que implican una multa que vas de 500 a 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El entramado legal propone una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de facultar a los jueces de distrito civiles federales para conocer de los litigios que surjan con motivo del ejercicio de derecho de réplica.