Al concluir la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, convocada ayer en el palacio legislativo de San Lázaro, la mayoría de los diputados que la integran votaron a favor de la iniciativa en la que se expide la ley federal de consulta popular y la reforma en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

Sin embargo, está pendiente que la Comisión de Puntos Constitucionales apruebe el dictamen de reforma a la Constitución para el uso de tiempos oficiales en la promoción de la consulta popular. Mientras que el PRI aspira a que el Ejecutivo utilice sus tiempos para convocar a la participación ciudadana, el PRD planteó que como la organización de la consulta recaerá en el IFE o su sucesor, sea éste el que llame a los electores a acudir a ese ejercicio.

En lo que se refiere a la consulta popular se la define como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

No obstante, el tema de fondo en este ordenamiento es el efecto que tendrá sobre las cientos de miles de firmas contra la reforma energética, recabadas en la campaña emprendida por Cuauhtémoc Cárdenas. Anoche, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro negociaban introducir en el ordenamiento un artículo transitorio que salvaguardara las firmas, que serían utilizadas para intentar controvertir la citada ley en ciernes.

No obstante, cuando ya se perfilaba un acuerdo entre la mayoría de los líderes parlamentarios para introducir en el texto el transitorio, en el PRD se denunció que desde el Pacto por México, Guadalupe Acosta Naranjo –integrante de la corriente Nueva Izquierda (los chuchos)– torpedeaba la pretensión de resguardar y dar validez a la consulta convocada por Cárdenas.

En la segunda, se añade que no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución, y éstas se incluirán en el orden del día del Congreso federal –a través de iniciativas o minutas– con carácter preferente en un plazo de 30 días naturales.

Las cartas ciudadanas, denominación de las citadas leyes, aún esperan que la Comisión de Puntos Constitucionales dé su aval para darle trámite.