La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una acción de inconstitucionalidad, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que impugna la Ley de Libre Convivencia del estado de Jalisco, en razón de que ésta no permite a quienes vivan bajo este régimen adoptar menores de edad o incapaces, como tampoco pueden tomar la custodia de menores que no sean hijos de alguna de las partes. El asunto fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien admitió la demanda en la que la PGR demanda la nulidad de los artículos 18 y 22 por considerar que son discriminatorios.