La madrugada de este miércoles quedó de primera lectura el dictamen que crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece que dichos procesos deberán realizarse con el esquema del debido proceso y respeto a los derechos humanos.

Este código, se destacó en la reunión de comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado que lo aprobaron el martes por la tarde, permitirá armonizar en todo el país los criterios judiciales, protege los derechos humanos al establecer en un solo documento las disposiciones del proceso penal, podrá contribuir a la disminución de la corrupción y la impunidad.

Además, se precisa, en su aplicación se dará prioridad a la reparación del daño de la víctima u ofendido por un delito, esto es, se justifica la justicia restaurativa.

De igual forma, se detalló en la reunión de comisiones unidas, el objetivo es establecer nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

En la reunión se hizo hincapié en que el nuevo código regulará los juicios orales y transitará hacia un modelo acusatorio adversarial, que se basará en lo estipulado en la reforma penal de 2008, por lo que se acordó que las audiencias sean públicas, a fin de que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.

También se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video, o cualquier soporte que garantice su reproducción.

Asimismo, los legisladores avalaron que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento.

El proyecto establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de medidas que impliquen una restricción a la libertad del imputado. Para ello, deberá celebrarse una audiencia ante el juez de control, a fin de que éste la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas.

Los legisladores deberán armonizar los criterios que regirán los procedimientos en el orden federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Carta Magna así lo mandata.