l robo de un contenedor que transportaba cobalto 60 –material radiactivo utilizado para tratamiento de cáncer–, destinado a un hospital de Tijuana encendió ayer la alarma de las autoridades del país, de la prensa internacional e incluso de la Agencia Internacional de Energía Atómica y del gobierno de Estados Unidos, por el potencial dañino de la sustancia mencionada, si bien se aclaró desde un inicio que no resultaba apta para la fabricación de armamento nuclear. Por la tarde, el material fue hallado fuera del contenedor que lo transportaba y a más de medio kilómetro del vehículo robado, pero sin señales de haber sido manipulado y en una zona despoblada de la comunidad de Hueypoxtla, en el estado de México.

A reserva de conocer los resultados de las pesquisas judiciales correspondientes y de que se esclarezcan las motivaciones detrás del robo del material radiactivo, la forma en que éste fue abandonado hace suponer que se trató de un caso de robo de vehículo como los que ocurren diariamente por decenas en el país. Pese a ello, el gobierno federal, a instancias de la Procuraduría General de la República, dio a la búsqueda del contenedor el tratamiento de un asunto de seguridad nacional y alimentó con ello una percepción de inseguridad y de zozobra entre la opinión pública.

Estos hechos tienen como telón de fondo la persistente presión que el gobierno estadunidense ha ejercido sobre el mexicano a lo largo de la última década para apremiarlo a la adopción de políticas de combate al terrorismo, fenómeno al cual nuestro país ha sido y es ajeno: desde los infructuosos intentos de la administración de George W. Bush por involucrar al gobierno de Vicente Fox en la cruzada antiterrorista en Afganistán e Irak, hasta la insistencia de funcionarios del gobierno de Barack Obama en establecer vínculos no demostrados entre la delincuencia organizada de nuestro país y organizaciones integristas como Al Qaeda.

El gobierno mexicano, por su parte, ha mostrado en años recientes una propensión a otorgar a ese fenómeno un protagonismo judicial que no se corresponde con la realidad: el precedente más cercano es la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada y al Código de Procedimientos Civiles, enviada por Enrique Peña Nieto al Congreso en junio pasado, la cual plantea endurecer las penas para quienes cometan, financien o apoyen actos terroristas, en lo que ha sido interpretado más como una concesión a las presiones de Washington que como una respuesta institucional necesaria a la circunstancia nacional presente: sin desestimar que en nuestro país existen expresiones graves de violencia social y delictiva, resulta improcedente, exagerado y hasta alarmista etiquetarlas como acciones terroristas.

Por fortuna, el episodio comentado culminó con el hallazgo del material robado, pero en el ínterin se generó un temor y una zozobra injustificados. Sin duda es procedente y necesario, en lo sucesivo, incrementar las medidas de salvaguarda de materiales como el referido, toda vez que representan un gran peligro para la integridad física de las personas. Pero es igualmente importante evitar que hechos como el comentado deriven en afirmaciones sobre falsas amenazas a la seguridad nacional y que involucren al país, de esa forma, en confrontaciones internacionales que le son ajenas.