San Cristóbal de Las Casas, Chis., 3 de diciembre

Los próximos días 6 y 7, en la comunidad chol de Susuclumil, en Tila, organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos y de víctimas que participan en el Eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sección México, se encontrarán con testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de Zona Norte, Selva y Altos, todos víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contemplada en el Plan de Campaña Chiapas 94, implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

Dicha guerra, según los convocantes del TPP (no confundir con el tratado transpacífico de idénticas siglas), tuvo como consecuencia decenas de desapariciones, asesinatos, desplazamientos, violencia sexual y masacres; todos, crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad. El encuentro busca probar las violaciones graves de derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido en contra del pueblo de México, en especial de los pueblos originarios en Chiapas.

Falta de acceso a la justicia

Esta preaudiencia se titula Reunión para la justicia y verdad. Documentará con testimonios directos, muchos de ellos ya conocidos y sin embargo impunes, la situación de las regiones indígenas de la entidad, y se centrará en “la guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia”.

A la reunión acudirán grupos e individuos de los pueblos mayas chiapanecos para decir su verdad y denunciar los asesinatos y masacres en su contra. Convocan el TPP y un total de 59 organizaciones populares, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, con presencia en 20 estados de la República; la Red de Radios Comunitarias, que agrupa a 35 proyectos radiofónicos; la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (42 organizaciones nacionales e internacionales), además de familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas.

El TPP (heredero del célebre Tribunal Rusell) ha realizado numerosas reuniones en nuestro país a partir del clímax de la guerra calderonista. Se presenta como un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si en efecto han sido violados tales derechos, y finalmente denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. Lo conforman personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, las minorías y los individuos. Su interés se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos, hayan sido perpetradas por los estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. En Chiapas, la historia reciente ha sido abundante en esta clase de episodios; al cobijo de una militarización intensiva, paramilitares y bandas criminales asolaron a cientos de pueblos choles, tzotziles y tzeltales durante las pasadas dos décadas, y sus brotes se repiten hasta hoy. La guerra no ha cesado y ocurre día a día, como previó siempre el escritor Carlos Montemayor. Puede variar su intensidad, pero es continua.

Los garantes de la sección México del TPP son Magdalena Gómez Rivera, el obispo Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barreda Marín.