La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará hoy dos amparos presentados por asociaciones agrícolas del Valle del Yaqui en contra de la construcción del acueducto Independencia. Por la misma razón, un juez de distrito de Sonora sancionó a la Secretaría del Medio Ambiente, ya que no suspendió la operación de la obra ni realizó la consulta pública respectiva a la tribu yaqui.

En sus demandas de amparo las asociaciones de productores agrícolas de distritos de riego del Valle del Yaqui reclaman la decisión de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Sonora de asignar derechos de explotación, uso y aprovechamiento del líquido del río Yaqui.

Cuestionan la operación del acueducto, el cual lleva caudal del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, por considerar que dicha obra atenta contra el derecho que tienen a recibir agua por las concesiones que les fueron otorgadas.

La Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego 16, del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego Número 041, demanda la indebida determinación de que existen aguas superficiales no concesionadas del río Yaqui, cuando no se ha permitido a los quejosos explotar y aprovechar las aguas nacionales del subsuelo con base en los títulos de propiedad que les concedieron esos derechos de agua desde 1983.

A su vez, la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego K-73+500 del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego 041 del río Yaqui reclaman la emisión de las asignaciones e inicio de los procedimientos radicados que derivaron en la solicitud de asignación de derechos de agua, presentados por la Comisión Estatal del Agua de Sonora, que derivaron en la asignación de títulos de explotación y uso de aguas nacionales que corren por el Acueducto Independencia.

Autoridades tradicionales del pueblo Vícam informaron que, en el auto firmado por el juez décimo de distrito en Sonora se impuso una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la Semarnat. Con esta medida, el juez reconoce que la dependencia ha incumplido la sentencia de la SCJN y pasa el expediente al tribunal colegiado de circuito.