Berlín, 3 de diciembre.

La venta ilegal de armas del fabricante alemán Heckler & Koch a estados de México que tienen violentos conflictos internos podría comenzar a aclararse al iniciar hoy el primer proceso vinculado al escándalo.

Dos empleados de dicha firma, despedidos en abril por su presunto papel en la venta, recurrieron la medida y demandaron a la empresa. La corte laboral de Villingen-Schwenningen, al suroeste de Alemania, comenzó a tratar hoy la demanda.

Heckler & Koch anunció en abril que existía firme sospecha de que dos empleados con varios años en la empresa habían sellado la venta por propia cuenta y sin conocimiento ni voluntad de otras personas en la compañía, por lo que ordenó su despido inmediato.

Los abogados de los demandantes ponen en duda esa versión. También la iniciativa Stoppt den waffenhandel (Frenen el comercio de armas) sospechó que los dos despedidos son chivos expiatorios de Heckler & Koch para ocultar su responsabilidad en el negocio.

La Fiscalía de Stuttgart investiga desde abril de 2010 a Heckler & Koch por la supuesta venta ilegal de fusiles de asalto G 36 a la policía de los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

El gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006, con la condición de que no enviara armas a esos estados, considerados especialmente peligrosos. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que el requisito se violó.

Los fiscales también investigan al fabricante por su presunto pago de sobornos a partidos políticos alemanes a cambio de permisos de exportación. El grupo admite que donó cerca de 93 mil euros a partidos en los últimos 10 años, pero aseguró que los pagos no pretendían influir en decisiones políticas ni comerciales.