Buenos Aires 3 de diciembre

La justicia de Argentina condenó hoy a 23 y 25 años de prisión a los generales retirados Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, último presidente de la junta militar de la pasada dictadura (1976-1983) y ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, respectivamente, por el secuestro y desaparición de un dirigente montonero y la apropiación de dos niños, actualmente restituidos.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, consideró que ambos militares son culpables de la desaparición del dirigente montonero Roberto el Negro Quieto, quien fue visto por última vez por sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención que funcionó en Campo de Mayo. Quieto fue detenido por fuerzas de seguridad el 28 de diciembre de 1975 y está desaparecido desde entonces.

Fue una figura muy importante en su momento, fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y después fue miembro de la conducción de Montoneros. Algunos de sus compañeros dirigentes lo acusaron de haber traicionado bajo tortura, pero no todos sus compañeros estuvieron de acuerdo, lo que produjo posiciones encontradas en esa organización.

La sentencia del tribunal impuso además una pena de cinco años de prisión a Aída Dusolina Pissoni, Margarita Fernández y Roberto Cándido Duarte, por apropiación de niños nacidos en la siniestra maternidad que funcionó en Campo de Mayo. El próximo 17 de diciembre el tribunal dará a conocer los fundamentos de estas condenas.

En tanto, el periodista y escritor Horacio Verbistky denunció la existencia de otro centro clandestino en una propiedad de la Iglesia católica, el Seminario Salesiano Ceferino Namuncurá de Funes, una localidad próxima a Rosario, provincia de Santa Fe.

Señaló Verbistky que la justicia federal de Rosario detectó otro campo clandestino de concentración que funcionó en una propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la última dictadura cívico-militar, en referencia al Seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá, donde fueron torturados al menos tres prisioneros del destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Cuerpo de Ejército II, que habían sido privados en forma ilegal de su libertad. Así se desprende de documentos y de testimonios brindados en la causa conocida como Guerrieri II.

Destaca en este caso que dos sacerdotes están en el expediente: uno que integraba el grupo de tareas que secuestraba en Rosario, y después de la dictadura siguió su carrera y fue distinguido por el Vaticano. El otro fue una de las víctimas de la tortura, se alejó de la Iglesia y reconoció el lugar de su cautiverio.

Al menos uno de los detenidos que compartió el alojamiento y el martirio con el ex sacerdote, no reapareció luego de su paso por aquel establecimiento de la Iglesia y hasta hoy sigue siendo un detenido-desaparecido.

También recuerda el periodista que el primer campo clandestino conocido que haya funcionado en una propiedad eclesiástica es la casa de fin de semana El Silencio, en las afueras de esta capital y el segundo es el que se detectó ahora en Rosario.

Esa utilización clandestina de los bienes eclesiásticos por la dictadura fue mencionada por el ex cura tercermundista Santiago Mac Guire ante la Conapdep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) pero no había sido investigada, porque en aquellos años la Justicia se limitaba a los altos jefes militares. El dato fue confirmado por Roberto Pistacchia, quien compartió el lugar de sometimiento con Mac Guire, de acuerdo a Verbitsky

El periodista señala que en el caso de El Silencio, después de su uso para la represión, ese sector del seminario Ceferino Namuncurá fue vendida para borrar las huellas.

En este último caso se vendió a la Fuerza Aérea en 1979, y desde entonces es sede del Liceo Aeronáutico Militar, instalado sobre la avenida que lleva el nombre del santo aborigen, dice el periodista, quien recoge los desgarradores testimonios del ex sacerdote Mac Guire y otras víctimas.

En el caso de El Silencio fue usado por la Armada argentina, en una de las acciones más trágicas de la pasada dictadura.

En otro asunto, unos tres mil policías de la central provincia de Córdoba se acuartelaron en demanda de mejoras salariales y laborales. Al menos tres supermercados fueron saqueados al amparo de la ausencia de los uniformados en las afueras de la capital provincial, reportó la agencia Télam.