La apertura en el sector energético propuesta por el Ejecutivo federal y el Partido Acción Nacional (PAN) plantea la desaparición de la explotación del petróleo como actividad estratégica, para permitir la participación del sector privado en todas las actividades de la industria de hidrocarburos, según se desprende del último borrador de la propuesta para la ley secundaria de la reforma energética, cuya copia tiene La Jornada.

En esta iniciativa de modificaciones legales no hay restricciones a la integración vertical, y en consecuencia se permiten los oligopolios privados extranjeros, desde los campos petroleros hasta las estaciones de servicio, incluyendo la refinación.

El documento preliminar destaca que la exclusividad del Estado se limitará al otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos, y se sugiere la desaparición de Pemex Gas y Petroquímcia Básica.

Como resultado, Petróleos Mexicanos (Pemex) será más pequeño y estará dividido en dos: por un lado exploración y extracción y, por otro, industrialización y comercio.

Entre los puntos más relevantes contenidos en el amplio borrador, que aún no es la versión final, pero permite percatarse de hasta dónde quiere el gobierno llevar la reforma energética, se destaca que la propiedad pública de los hidrocarburos sólo aplica cuando están en el subsuelo, y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo.

Adicionalmente, se plantea que el Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos; será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, pero no en la Constitución, sino en la legislación secundaria, al llamarlas licencias.

Las compañías extranjeras estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos; podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones.

De esta manera, se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado.

En el texto preliminar, que permite conocer hasta dónde y con qué profundidad se quiere hacer la apertura y la entrega del sector energético a privados, se propone la creación de un organismo público especializado en la operación de la red de gasoductos, al que se denominaría Gestor de la red.

Además, se plantea la apertura total de la petroquímica y se propone que los precios de la gasolina sean administrados al principio, pero en el futuro fluctuarán en función de los mercados internacionales.

Según este documento, la nación seguirá siendo propietaria del subsuelo y los minerales que contiene, así como la única habilitada para explorar y extraer los hidrocarburos, pero este último derecho lo ejercerá por medio de operadores públicos y privados.

Las empresas públicas de otros países serán admitidas siempre y cuando cumplan algunos requisitos, para evitar que los derechos queden en manos de estados o gobiernos extranjeros. La nación administrará el subsuelo por conducto de autoridades federales.

Por su parte, el presidente de la República definirá por decreto qué porciones del territorio estarán abiertas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos, y qué zonas se dejan para explotación futura.

Del primer conjunto, la Secretaría de Energía (Sener) determinará las áreas puestas a disposición de los productores, así como los términos y condiciones con los cuales podrán llevar a cabo los trabajos y actividades. Algunas facultades y responsabilidades menores serán encargadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La propuesta inicial será que la Sener otorgará permisos de reconocimiento y exploración superficial, así como títulos de explotación agrupados en dos categorías: asignaciones y contratos. Las primeras se entregarán mediante adjudicación directa y se reservan para Pemex y sus organismos subsidiarios, a condición de que actúen solos, es decir, al margen de socios privados; los segundos por subasta pública.

A su vez, los contratos se otorgarán a empresas privadas, pero también a Pemex, que podrá ir solo o en asociación con otras firmas. Del conjunto de contratos, la Secretaría de Energía podrá escoger entre una amplia gama de posibilidades, como los contratos de riesgo puro, de reparto de la producción, de utilidad compartida y las licencias (que pueden interpretarse como concesiones disfrazadas). La selección de una u otra modalidad dependerá de las características petroleras de las áreas puestas a disposición de los productores.

La remuneración será en efectivo o en especie, según el tipo de contrato. En las licencias el contratista se quedará con toda la producción y en los contratos de generación compartida sólo con una parte. Los términos económicos serán definidos por la Secretaría de Hacienda. El crudo que reciba el Estado será comercializado por entes públicos o privados.

Los contratistas tendrán libertad de disponer de la producción que les corresponda: podrán exportarla, comercializarla localmente o aprovecharla en sus procesos, pues toda la industria petrolera estará liberalizada.

Las empresas contratistas no podrán registrar las reservas como suyas, pero sí reportar a las bolsas de valores los beneficios que esperan obtener de los contratos firmados con el Estado mexicano; en otras palabras, no podrán hacer el registro de manera directa, pero sí indirectamente.

Limita exclusividad del Estado en electricidad

En materia de electricidad, el texto preliminar señala que la exclusividad constitucional del Estado se limita al control del sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía. En estas actividades no se otorgarán concesiones, pero el Estado podrá celebrar contratos con particulares.

Además, podrán establecerse contratos de transmisión y distribución. En consecuencia, la generación, transformación y comercialización (interna y externa, al mayoreo o al menudeo) ya no son parte del servicio público y pueden ser realizadas por el sector privado. La Secretaría de Hacienda sigue fijando las tarifas de electricidad para los pequeños usuarios (usuarios del servicio estándar), y los precios a los grandes consumidores serán liberalizados, además de que la red de transmisión y distribución será de libre acceso.