n indicador contundente del envilecimiento al que ha llegado el poder político en México lo encontramos en el contador público Marcelo de los Santos, emblema de la capacidad de mentir presente en la mayoría de los políticos de todas las tendencias. El pasado 10 de octubre Marcelo, quien fuera gobernador de San Luis Potosí en el periodo 2003-2009, fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos y multado con 7 mil millones de pesos que espera no pagar. La sanción es producto de auditorías practicadas a la gestión de Marcelo, quien a escasos días de concluir su mandato solicitó autorización para contratar un préstamo por mil 500 millones de pesos, cuyo destino no se ha esclarecido. De acuerdo con las investigaciones ciudadanas encabezadas por Eduardo Martínez Benavente, la mayoría del préstamo se utilizó para cubrir desfalcos y dineros indebidamente aplicados, dejando sólo 25 millones en caja a su sucesor. La respuesta de Marcelo llegó cinco días después mediante un desplegado por el cual acusó al gobernador Fernando Toranzo de hacer un uso mafioso de las instituciones y de tener una mente de apretados criterios éticos.

Paradójicamente, los actos de gobierno que ejerció Marcelo bajo las más depuradas técnicas mafiosas y sin criterios éticos de ninguna especie son numerosos; un ejemplo documentado está en el papel que tuvo como operador de la canadiense Minera San Xavier (MSX), empresa que ha dañado irreversiblemente el valle de San Luis y ha destruido patrimonio histórico de la humanidad con su ilegal megaproyecto de tajo a cielo abierto. Cuando en el 2002 Marcelo se convirtió en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de San Luis Potosí tras haber sido pieza clave en las oscuras operaciones financieras de los tristemente célebres Amigos de Fox, la oposición ciudadana a MSX llevaba cuatro años en tribunales para detener el proyecto minero. La empresa canadiense sabía que perdería todos los recursos legales, y que la única manera de consumar el ecocidio y el saqueo sería mediante el atropello de la ley y la soberanía del país mediante aliados en los más altos niveles políticos. Contaba ya con la abierta complicidad de Fox y su gabinete. Faltaban los eslabones locales del poder y en ello el triunfo de Marcelo fue estratégico.

Como gobernador, Marcelo hizo del Ejecutivo una agencia de negocios entre amigos y familiares. Sin embargo, para junio de 2004 la resistencia ciudadana contra MSX, encabezada por el abogado Héctor Barri y Pro San Luis Ecológico, obtuvo un amparo de la justicia federal que declaró la nulidad lisa y llana del proyecto minero en Cerro de San Pedro, debido a la magnitud de los impactos ambientales que tendría sobre la población de la capital potosina y municipios aledaños. La MSX contaba además con la oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); con la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para uso de explosivos junto a un centro de población; y con la oposición del entonces presidente municipal de Cerro de San Pedro. Así, Marcelo y su mafia entraron en acción: Fox hizo presencia en San Luis Potosí el 29 de julio para presionar al alcalde de San Pedro, pidiéndole el permiso municipal y el desacato de la resolución judicial.

Marcelo y Ángel Candia Pardo (abogado de MSX y representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral), desarrollaron también un intenso tráfico de influencias para consumar sus ilegalidades. El 7 de febrero de 2005, Candia le informó a Marcelo que, gracias a tus gestiones, en una reunión celebrada en la ciudad de México el jueves 3 de dicho mes, Sari Bermúdez garantizó, en nombre de Fox, poner fin a los problemas de la MSX con las autoridades del INAH; le solicitó también una urgente gestión con Fox para destrabar el permiso de explosivos y lograr el apoyo de los más altos niveles de gobierno para resolver [sic] la Autorización de Impacto Ambiental, que se encuentra gravemente amenazada en un tribunal federal. El 5 de octubre, dicho tribunal confirmó la anulación definitiva del proyecto minero; sin embargo, Marcelo y su mafia no se detuvieron. El 10 de abril de 2006 y en abierto desprecio a la legalidad, Fox ordenó emitir una nueva autorizacón ambiental a MSX. Para entonces, funcionarios incómodos a la empresa habían renunciado a sus cargos o habían sido removidos.

Marcelo promovió el acoso a opositores; castigó a La Jornada de San Luis; garantizó impunidad a la minera para dañar a los activistas más visibles del movimiento, como el intento de homicido sobre Enrique Rivera perpetrado por trabajadores plenamente identificados de la trasnacional, delito impune documentado por un juez canadiense, quien otorgó asilo a Rivera y quien vivió en Montreal hasta el final de la gestión de Marcelo. En marzo de 2007, a pregunta expresa de Carmen Aristegui, Marcelo mintió al decir que él nada tenía que ver con la operación de MSX; dos meses después, Candia y los directivos de MSX, encabezados por Marcelo, se reunieron con el secretario de Medio Ambiente para afinar su estrategia. No se trata solamente del uso mafioso que Marcelo y sus beneficiarios hicieron de las instituciones: estamos ante acciones perfectamente documentadas que configuran delitos hasta ahora impunes y que han provocado inmensos daños socioambientales a la nación.

* Investigador de El Colegio de San Luis, AC