Madrid, 30 de noviembre.

Miles de personas se manifestaron hoy en esta capital para exigir dos cosas: la retirada inmediata de la nueva ley educativa y la dimisión de su autor y promotor, el ministro de Educación, el ultraconservador José Ignacio Wert. A la marcha acudieron todos los representantes de la educación, pública y concertada, incluidos profesores, padres, sindicatos, partidos políticos de oposición y estudiantes.

El jueves pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos del conservador Partido Popular (PP), que tiene mayoría absoluta, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Su aprobación vino precedida de un periodo de dos años de enfrentamientos, desplantes y rupturas entre los sectores de la enseñanza con el ministro de esa cartera y su equipo, quienes fueron acusados de no dialogar e imponer una norma que ni siquiera tomó en cuenta la opinión de universitarios, profesores y padres.

De hecho, la nueva ley no contó con el respaldo de ningún grupo político de la oposición. Al contrario. Por vez primera en la historia todos firmaron un acuerdo para que en cuanto cambie la mayoría absoluta se derogue lo antes posible esta regulación.

No a la Lomce. No a los recortes. No a las contrarreformas, fue el lema que rezaba en la pancarta que encabezó la multitudinaria manifestación de la capital española.

Los inconformes señalaron que esa ley provocará la privatización paulatina del sistema de educación pública; se perderá calidad al reducir notablemente los recursos humanos y económicos, y también al cambiar su espíritu y acercarla más a los intereses puramente empresariales. Además adoctrinará al conjunto de los alumnos con imposiciones de carácter religioso, al cambiar el actual modelo por un sistema en el que la enseñanza de la religión católica será evaluable y tendrá la misma importancia en el historial académico que materias como matemáticas o lengua.

Ana García, del sindicato de estudiantes, explicó que han salido a la calle para dar el puñetazo final sobre la mesa contra esa ley. Pero seguiremos adelante. De hecho, creemos que sería conveniente convocar a una huelga general de tres días para volver a expresar nuestro rechazo.