Para la juez que llevó el caso del llamado niño sicario, Rosalía Martínez de León, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, la desintegración familiar, el abandono y que nunca tuvo a sus padres como figuras de contención y autoridad fueron factores que influyeron para que Édgar N, El Ponchis, comenzará a delinquir a los 12 años.

En entrevista, la juez indicó que se ha especulado mucho respecto este joven, pero consideró que la ciudadanía debe interesarse en qué estamos haciendo en los procesos de ejecución de medidas sancionadoras y cómo estamos trabajando con esos adolescentes que han tenido estas problemáticas, más que en insistir en conocer detalles de su historia o la de los familiares, que sólo propician la estigmatización del menor de edad.

Información oficial asienta que antes de convertirse en sicario del cártel del Pacífico Sur, El Ponchis fue un niño abandonado por sus padres. Desde los ocho años de edad convivió con adultos que lo enseñaron a delinquir, y a los 12 comenzó a asesinar, incluso a decapitar a sus víctimas bajo los influjos de las drogas.

Precisamente para evitar esa estigmatización, no poner en riesgo su integridad y que fuera expuesto a los medios de comunicación, la juez afirmó que el lunes por la tarde acudió al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad, ubicado en el municipio de Miacatlán, en el sur de Morelos, a notificar al niño sicario que estaba libre tras cumplir la sanción impuesta.

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México demandó al Estado mexicano que tome medidas de protección e inclusión social, o cambio de identidad en el caso de adolescentes en conflicto.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la red, subrayó que el de El Ponchis es un caso paradigmático, pues en él coexisten los papeles de victimario, pero también víctima de la explotación de los narcotraficantes.

Según el activista, en la actualidad hay entre 25 mil y 30 mil menores de edad involucrados en la delincuencia organizada trasnacional, la mayoría de ellos como informantes o en el procesamiento y tráfico de sustancias prohibidas, aunque también hay un pequeño número que desempeña labores de sicario.

Margarita Griesbach, directora asociada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, coincidió en que el menor liberado juega el doble rol de víctima y victimario, por lo que debe garantizarse la protección de sus derechos al margen de los actos criminales donde participó, lo cual no significa pedir un trato de privilegio.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, estimó que en el caso de El Ponchis no vemos una condición de víctima, más bien de victimario, quien por su condición de edad recibió un tratamiento especial, mucho más favorable que el que le hubiera correspondido si fuera adulto, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a dar seguimiento al joven para que no reincida en prácticas delincuenciales.