os bienes comunales de Cacahuatepec, el núcleo agrario de 47 pueblos de Acapulco que ha sido asediado para imponer en su territorio la presa La Parota, enfrenta ahora otra batalla.

Con la tormenta tropical Manuel se colapsaron siete de nueve compuertas de la presa La Venta, en el río Papagayo, y al abrirse en forma simultánea la corriente arrasó con 17 pueblos ribereños: se llevó viviendas, huertas, y en otros lados el lodo sepultó casas. Está documentado que la falla se debió a que los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad estaban viendo la pelea de El Canelo y desatendieron su trabajo.

La Comisión Nacional del Agua notificó a sus habitantes que deberán ser reubicados en otro sitio, pero los comuneros se niegan a hacerlo, porque ven sólo una maniobra del gobierno para sacarlos y ahora sí construir la presa.

En el poblado de Aguacaliente, en asambleas generales, acordaron invitar al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto; al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el presidente Enrique Peña Nieto, para que vean el lugar y constaten que quedaron devastados, sin salud, sin vivienda ni alimentación, a pesar de que la zona no es de riesgo natural, sino que fueron afectados por el mal manejo de la presa.

Por escrito, y por protocolo hicieron las invitaciones, pero Walton respondió que si que-rían ser atendidos fueran ellos al palacio municipal. Aguirre, como única respuesta, promovió órdenes de arresto contra tres líderes comuneros, y Peña Nieto sólo anunció que se construirá un proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo y el presupuesto para La Parota en 2014.

Pero los comuneros, asesorados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, preparan una estrategia: ante la omisión de los tres niveles de gobierno, demandarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a sus derechos a la salud, la vivienda y la alimentación.

Así que, este núcleo agrario que ha doblegado en otras ocasiones a la Federación en el tema de La Parota, lo hará, según parece, de nuevo.