l Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de Honduras quedó rebasado por las reivindicaciones de triunfo expresadas por los aspirantes punteros en la elección presidencial realizada el domingo pasado: el derechista Juan Hernández, del Partido Nacional, y la abanderada de la agrupación progresista Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro. Tras el anuncio oficial de supuestas tendencias favorables al primero, los dirigentes de Libre, encabezados por el ex mandatario de ese país Manuel Zelaya, derrocado por un golpe militar en junio de 2009 y esposo de la candidata de Libre, denunciaron que la autoridad electoral busca distorsionar el sentido del veredicto ciudadano por medio de la transmisión irregular de resultados.

Los opositores mencionaron prácticas dolosas, como la exclusión de 400 mil sufragios de los resultados preliminares anunciados por el TSE y la inclusión mayoritaria de actas que dan la ventaja al aspirante oficialista, 20 por ciento de las cuales exhibe serias inconsistencias.

Un precedente que ha de tenerse en cuenta es el reparto ilegal de credenciales para la votación realizado por el Partido Nacional en vísperas de las elecciones primarias del año pasado. En esa ocasión, los propios precandidatos de esa organización se quejaron porque Juan Hernández realizaba esa práctica, que fue documentada cuando el Ministerio Público incautó millares de documentos de identidad en una de las casas de campaña del oficialismo.

Por lo demás, la denuncia de fraude formulada por Libre obliga a recordar el origen ilegítimo y antidemocrático del actual régimen, surgido del golpe de estado que interrumpió la normalidad democrática en Honduras, expulsó del poder al entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya, y emprendió una represión implacable contra las disidencias.

Es claro, por lo demás, que en los comicios celebrados antier en la nación centroamericana se enfrentaron dos proyectos contrapuestos de país: el de la continuidad oligárquica y antidemocrática, representado por Hernández, y la propuesta social moderada de Xiomara Castro.

Si la oligarquía hondureña fue capaz de emprender un cuartelazo –apoyado por la entonces secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton– con tal de mantener intactos sus privilegios y su alineamiento incondicional con Washington, no parece improbable que ahora haya optado por el fraude electoral como una manera de defender sus intereses y su permanencia en el poder.

En las horas y días próximos será posible saber si las facciones oligárquicas son capaces de mantener la cohesión, si la organización política fundada el año pasado por el espectro progresista de Honduras tiene la solidez suficiente para librar con éxito, mediante las vías jurídicas y las movilizaciones, la batalla poselectoral y, en caso de que la denuncia de fraude se consolide y compruebe, si la comunidad latinoamericana logra colocarse a la altura de las circunstancias y de aislar a un régimen que ha ratificado su ilegitimidad de muchas formas y en diversas ocasiones.