Petróleos Mexicanos (Pemex) se prepara para ratificar eventualmente la carta de intención para concretar la compra de 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo, anunciada en mayo.

Las conversaciones se desarrollaron desde la mañana de ayer lunes en la sede de la petrolera mexicana, entre importantes funcionarios de Pemex, el consejero de economía e industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde López, y el principal accionista del astillero gallego, José García Costas. La reunión comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió parte de la tarde.

El objetivo de Pemex, a través de esta inversión en sociedad, es transferir a mediano plazo el conocimiento tecnológico de Hijos de J. Barreras para crear capacidad constructora de buques especializados en Altamira, Tamaulipas.

De ratificarse oficialmente la carta de intención para la compra de 51 por ciento de la propiedad del mayor astillero privado de Galicia, se prevé un aporte de capital conjunto inicial de 10 millones de euros, cantidad que se estima suficiente para atender las necesidades de capital de trabajo. Pemex aportaría 5.1 millones de euros, y los restantes 4.9 millones los pondrán los accionistas gallegos José García e Ignacio Latxaga.

El sector naval ha tenido un valor estratégico para España, dada su situación geográfica, y la derrama económica que generan 23 astilleros del país. Vigo, en Galicia, tiene seis astilleros y es la industria auxiliar más importante de España.

De concretarse el acuerdo y convertirse Pemex en el accionista mayoritario estaría salvando cualquier impedimento legal por adjudicarse la construcción de floteles sin licitación internacional.

Ayer lunes también se llevó a cabo la novena reunión de aclaraciones entre los 11 grupos internacionales interesados en construir los dos floteles que requiere Pemex. Según el último calendario, el 6 de diciembre será la presentación y apertura de las ofertas. Entre el 11 y el 17 se realizará la última ronda de aclaraciones, y el 20 de diciembre será la recepción de propuestas.

La propuesta se votará el miércoles y cuenta con el apoyo de Petróleos Mexicanos

Armando Tejeda Corresponsal

Madrid, 25 de noviembre.

La guerra abierta en el seno del consejo de administración de Repsol entró en una nueva etapa, gracias al principio de acuerdo que se alcanzó en una reunión extraordinaria y de urgencia que tenía como único punto del día resolver la controversia judicial que mantiene la multinacional española con el gobierno de Argentina por la expropiación de 51 por ciento de sus acciones en YPF. El preacuerdo deberá ser sometido a votación de los accionistas, el próximo miércoles en Madrid, donde además no se descarta que se intente remover de la silla de la dirección general de Repsol al catalán Antonio Brufau, especialmente enemistado con la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), que posee 9.34 por ciento de las acciones.

El encuentro se convocó de manera secreta, casi clandestina, pero en poco tiempo trascendió tanto la identidad de los personajes que participaban en la reunión como los motivos que llevaron a cruzar el océano Atlántico de un día para otro al ministro de Industria español, José Manuel Soria; al presidente de Caixabank, Isidro Fainé, como representante del máximo accionista de Repsol, con 12.02 por ciento, junto con directivos de Repsol, entre los que no se encontraba Brufau.

En Buenos Aires los esperaban el director de Pemex, Emilio Lozoya; el ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

A la reunión acudieron con una propuesta muy avanzada que pondría fin al conflicto y permitiría la paz entre los accionistas de Repsol, duramente enfrentados por esta expropiación, sobre todo la parte mexicana, una vez que Pemex pretende desarrollar inversiones y técnicas de exploración en el Cono Sur de la mano de YPF, en el yacimiento de Vaca Muerta. El conflicto con Repsol le impide legalmente comenzar estas operaciones.

La propuestas, según fuentes de la empresa española, consistirían en el pago de 5 mil millones de dólares, de los cuales una parte sería en bonos de deuda pública argentina y otra en activos del yacimiento de hidrocarburos, donde ya haya sido probada su productividad, que es la única manera de calcular su valor.

Una vez que se dio a conocer el preacuerdo, Repsol emitió un breve comunicado oficial en el que advirtió: Conocido el comunicado de prensa emitido conjuntamente por representantes de los gobiernos de Argentina, México y España, Repsol someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su consejo de administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones. A tal efecto, el consejo de administración de Repsol analizará y acordará lo que estime conveniente en exclusivo interés de la compañía y de sus accionistas en su reunión del miércoles 27 de noviembre. Al término de dicha sesión se emitirá el correspondiente hecho relevante.

En 48 horas se llevarán a cabo las maniobras y reuniones a puerta cerrada para negociar el sentido de la votación de un consejo de administración que podría ser decisivo para el futuro de Repsol, Pemex e YPF.

El gobierno argentino expropió a Repsol 51 por ciento de las acciones de YPF por considerar que no se estaba invirtiendo lo suficiente y que, por tanto, la empresa y los yacimientos encontrados estaban perdiendo competitividad. Fue entonces cuando el conflicto entró en la fase más dura, con descalificaciones al gobierno de Fernández de Kirchner, al que desde España tildaron de populista e irresponsible, mientras desde Buenos Aires se celebraba que el gobierno retomara el control de un sector tan sensible como el de los hidrocarburos y la energía.

En este proceso el nuevo equipo directivo de Pemex, presidido por Lozoya, estrechó vínculos con Argentina y con YPF e intentó desactivar la controversia desde su posición de segundo accionista de Repsol. Así, en junio pasado viajó a Madrid Carlos Morales, director de Exploración, para defender una propuesta elaborada por YPF mientras la dirección de Pemex fungió como intermediaria para presentarla ante el consejo de Repsol. Sin embargo, la propuesta de YPF apoyada por Pemex fracasó, pues todos los accionistas votaron en contra.

Esta nueva propuesta de resolución se votará el miércoles, pero viene precedida por una escalada de tensión entre la dirección de Repsol con sus homólogos de Pemex, con acusaciones de chantaje, falta de lealtad y hasta de alta traición. De hecho, las versiones que defienden en privado algunos representantes de Repsol advierten que Pemex podría ser expulsada de la empresa española si continúa con sus intentos de desestabilización de la actual directiva, con el objetivo de destituir a Brufau como máximo responsable ejecutivo.

Se basan en el cambio de los estatutos de los miembros de consejo de administración, que se aprobaron en la sesión del 21 de diciembre de 2011, precisamente cuando Pemex, de la mano de la constructora española Sacyr, intentó hacerse con el control de Repsol al desembolsar más de mil 200 millones de euros para comprar 4.8 por ciento más de acciones, intento que finalmente fracasó.