El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, condenó a los gobiernos de los pasados 47 años como responsables de actos de represión, torturas, delitos de lesa humanidad, violencia, establecimiento de políticas económicas y sociales que benefician a minorías con poder, criminalización de la protesta social, persecución de la disidencia y otras acciones que vulneran los derechos humanos de la población.

Anoche, el jurado de este organismo ético internacional presentó su veredicto preliminar en torno a los más de 40 casos que conoció este fin de semana durante la audiencia transtemática: Represión a los movimientos sociales.

En estas sesiones se presentaron los casos de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, las violaciones a garantías fundamentales que ha dejado el contexto de violencia e inseguridad que vive el país debido a las políticas gubernamentales, las matanzas en comunidades indígenas, la represión durante recientes movilizaciones públicas, la agresión contra pobladores de comunidades comunitarias y defensores de derechos humanos y los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012, entre otros.

En su resolución, que se hará pública en no más de 30 días y podrá consultarse en tppmexico.org, el TPP indicó que en los casos tocados durante esta audiencia se ubicó un común denominador. Se trata de acciones extralegales o de desvío de poder que se cometen para favorecer a sectores económicos o políticos poderosos.

Todos los tipos de agresiones y represión, concluyeron los miembros del jurado, tienen el propósito de inhibir la respuesta social y paralizar a la sociedad mediante el miedo. En estos actos hay una intervención directa o indirecta de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes formales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por lo que estamos en una responsabilidad formal del Estado mexicano, se trata de delitos de Estado y no meros excesos de agentes policiacos o castrenses.

El jurado para esta audiencia, integrado por Philippe Texier, de Francia, quien fungió como presidente; Ramiro Ávila, de Ecuador; Miguel Concha, Enrique González Ruiz y Alejandro Álvarez, de México; Antoni Pigrau, de España, entre otros, determinó que los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto son responsables de las agresiones y delitos cometidos en más de 40 años, particularmente por instaurar y mantener un marco institucional que permite la violación generalizada de derechos humanos.

En ese marco también participan integrantes de grupos paramilitares, organizaciones criminales, sectores empresariales –como el minero, al explotar recursos de los mexicanos– y medios de comunicación que difunden información sesgada y conveniente para los grupos en el poder.

El TPP demandó la persecución penal, enjuiciamiento y sanción de todos estos actores que que han participado por acción u omisión en estos crímenes.