orelos se ha convertido en uno de los estados con mayores problemas de violencia contra las mujeres. Los secuestros siguen siendo la mayor preocupación de la población, pero las denuncias por abuso sexual, maltrato y hostigamiento han aumentado, y en lo que va del año se han cometido 40 feminicidios, en una población de un millón 700 mil personas.

A pesar de que la postura del actual gobierno perredista es diametralmente distinta a la del anterior, de filiación panista, de que se tipificó el delito de feminicidio y que hace poco fueron incrementadas las penas a éste, la impunidad persiste.

El último caso de escándalo fue el de tres jóvenes menores de 25 años. En una fiesta drogaron a dos jovencitas de 16 años y abusaron sexualmente de ellas. Una de las adolescentes, intoxicada, murió de un paro cardiaco en el hospital. Los agresores fueron detenidos y consignados ante un juez; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no logró demostrar que la mataron por ser mujer, así que no se configuró el feminicidio. Los acusados fueron reaprehendidos, ahora por asesinato, y se espera que el juez los vincule a proceso.

La liberación de los implicados desató la indignación popular y una guerra abierta entre el Tribunal Superior de Justicia y la PGJE. Ambos se culpan mutuamente de no hacer bien las cosas. Mientras, las mujeres continúan muriendo, pues al parecer está garantizada la impunidad.

A principios de noviembre, el gobierno estatal inició la campaña mediática contra la violencia Morelos es naranja, que incluye el uso de moños color naranja en la solapa. Diversas organizaciones civiles han insistido en que se declare alerta de género en el estado, pero el gobierno federal ha respondido que no existen las condiciones para hacerlo.

Mientras la impunidad esté garantizada –como parece ser el caso–, las campañas simbólicas serán sólo una mala broma para las mujeres que siguen muriendo en Morelos.